El derecho a una vivienda digna

La crisis de 2008 engendró un grave problema de la vivienda que venía larvado desde tiempo atrás y que estalló ante la opinión pública en forma de un número creciente e insoportable de desahucios. En nuestro país, la solución habitacional más común era la vivienda en propiedad, que la crisis convirtió en inasequible para las nuevas generaciones emergentes, que tuvieron que recurrir al alquiler. Este cambio de hábitos no fue sin embargo la solución ya que, al generarse una gran demanda de viviendas en alquiler, el precio de la oferta creció hasta extremos también inalcanzables.

La Constitución de 1978 preserva en el artículo 47 este derecho social: «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Y ordena la intervención pública para hacer posible ese derecho: «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Poco o nada se ha hecho desde aquella declaración de buenas intenciones para resolver el drama actual, que se resumía hace unos días con estos datos: «según el Eurostat, el 41% de los hogares dedican más del 40% de sus ingresos netos al pago del alquiler. En 2022, todavía se produjeron en España más de 38.000 desahucios, a razón de 105 al día. Los más damnificados son los jóvenes, que no pueden emanciparse, y las familias con menos recursos, que acaban cayendo en la trampa de la pobreza: si no tienen ingresos suficientes o no consiguen un contrato por no disponer de una nómina, acaban pagando en negro un precio desproporcionado por el subarriendo de una habitación». Triste destino para una juventud perpleja en busca de un acomodo en la vida.

Un estudio sobre política de la vivienda del Parlamento Europeo clasifica los países del club en cuatro grupos: en el primero, formado por Holanda, Suecia y el Reino Unido, existen los sectores de viviendas sociales más extensos de la UE, gracias a la intensa intervención estatal que llega aplicar a la política de vivienda el 3% del PIB. En el último y cuarto escalón, Portugal España y Grecia tienen grandes sectores de vivienda en propiedad, un mínimo de viviendas sociales en alquiler y unos sectores privados de alquiler de baja calidad y en declive. En estos últimos países, el sector privado se ha convertido en el refugio de la inversión especulativa, nacional o extranjera, que genera unos precios libres inasequibles y discriminatorios.

¿Qué cabe hacer para reparar esta situación penosa? La ley de la Vivienda en ciernes, que el nuevo gobierno todavía debate internamente, prevé diversas medidas atinadas, como impedir la privatización de viviendas sociales, la reserva de un 30% de todas las promociones urbanísticas para viviendas protegidas, nuevos límites a los desahucios, declaración de zonas tensionadas por tiempo limitado en que se controlará el precio de alquiler, gravámenes sobre las viviendas vacías para forzar su entrada en el circuito de alquiler o venta. Falta, sin duda, una regulación mucho más estricta de los pisos turísticos, que participan de forma muy clara en el encarecimiento de las viviendas de alquiler.

Tales medidas, bien calibradas, pueden ser eficaces en conjunto, pero no resolverán a medio y largo plazo el problema. Para conseguirlo, son necesarias dos acciones concretas y sin duda polémicas: una primera, creación de un parque público y acumulativo de viviendas sociales en alquiler. Ya se ha dicho que los países más activos de la UE destinan a este fin el 3% del PIB.

La segunda es más compleja e ideológica, y consistiría en la retirada de las viviendas del mercado especulativo. No tiene sentido que el ahorrador acuda al mercado de la vivienda en busca de beneficios jugosos en vez de dedicar sus dineros a actividades productivas en la Bolsa o de emprenderlas él mismo (o los destine a otras operaciones inmobiliarias, como locales de negocio o edificios de oficinas). Este objetivo puede conseguirse por vías fiscales sin afectar al derecho de propiedad.

La ley en proyecto no llega tan lejos. De ahí lo incomprensible que resulta que la izquierda esté todavía dividida en cuanto al alcance de su modestísima reforma.

Suscríbete para seguir leyendo