La coalición sale adelante

La dura brega parlamentaria entre el PSOE y Unidas Podemos en torno a la reforma de la «ley del solo sí es sí», que concluyó con la extraña alianza del PSOE con el PP en la admisión a trámite de un proyecto de ley que desagrada a Ione Belarra y a Irene Montero, estuvo a punto de hacer saltar por los aires la coalición, exasperada por un cruce de insultos y descalificaciones que parecían más el ruido de fondo enrabietado de un colegio de párvulos que de una institución venerable. En aquella dureza, se advirtió que la difícil convivencia entre el bloque de Pedro Sánchez y la minoría relevante que todavía maneja desde la bruma Pablo Iglesias podría haber encontrado un obstáculo insalvable, un desenlace que hubiera supuesto algo así como la rendición, con armas y bagaje, ante la derecha en las decisivas confrontaciones electorales que nos aguardan.

La conversación que deberían mantener entre sí por sistema y sin interrupciones los dos socios de la coalición está dificultada por el hecho de que uno de los interlocutores principales está fuera del consejo de ministros: Pablo Iglesias sigue influyendo de forma decisiva en su espacio, pero actúa mediante personas interpuestas, lo que complica la comunicación. Por añadidura, solo una parte de ese espacio, la representada por Yolanda Díaz, explicita la voluntad de agrupar todas las sensibilidades presentes en una sola opción, un requisito que es indispensable para que el electorado tome en consideración la propuesta, como se ha podido ver con claridad en Andalucía, donde la fractura en el espacio ubicado a la izquierda del PSOE ha llevado a ese sector a la irrelevancia y al conjunto de la izquierda a una derrota clara frente a la derecha.

Sea como sea, es evidente que existe un control interno en Unidas Podemos, capaz de marcar determinados límites y de no sobrepasar ciertos umbrales. Así, tras la gran rabieta parlamentaria del martes al producirse el pacto contra natura entre el PP y PSOE a cuenta de la libertad sexual, las manifestaciones feministas del miércoles no fueron una batalla campal entre las dos facciones del movimiento, que representan respectivamente al PSOE y a UP. En la práctica, decantaron ese día unos intereses comunes capaces de superar las diferencias de matiz y de detectar correctamente al enemigo común, que es el sustrato conservador, siempre dispuesto a recortar derechos, a establecer normas inflexibles y a afirmar la hegemonía del patriarcado.

El 8M ha conseguido, en fin, densificar el sentido de coalición de la izquierda, pero el impulso definitivo al reencuentro entre ambos actores ha sido la última parte de la reforma de las pensiones, en las que el ministro Escrivá, un gran técnico con singular olfato político, ha conseguido el milagro de poner de acuerdo al gobierno, a la Comisión Europea y a los sindicatos, con lo que está ya asegurada la cuarta partida de los fondos Next Generation que nos corresponde. Los empresarios protestan porque, como es lógico, la sostenibilidad del sistema requiere unas cotizaciones mayores, acordes con la suficiencia de las prestaciones; sin embargo, la derecha democrática tendrá que ponderar muy meticulosamente su posición ya que no parece lógico que se enfrente a la vez con Bruselas y con todos los beneficiarios del sistema de solidaridad que nos hemos dado, y del que la mayoría de los españoles nos sentimos orgullosos.

Este acuerdo de las izquierdas en torno a una de las principales herramientas de solidaridad, el sistema de la Seguridad Social, debería ser presagio de un nuevo pacto de coalición que permita repetir la experiencia de la legislatura que concluye, y que ha dejado una huella relevante en el país. Para consolidar este vínculo, sería muy deseable que, aprovechando el tiempo que todavía queda, PSOE y UP lleguen a un acuerdo constructivo sobre los asuntos todavía pendientes y que son vitales para esta sociedad: la reforma de la ley mordaza y, sobre todo, la promulgación de una nueva ley de la vivienda, que convierta en derecho la declaración constitucional del artículo 47 («todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada») que hasta el momento se ha limitado a ser una declaración decorativa vacía de contenido.

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