Competencias claras para una menor burocracia

La descentralización es uno de los principales logros de nuestra democracia, y, muy en concreto para Baleares, ha sido muy positiva, pero también está produciendo un daño colateral: el exceso de burocracia, y un distanciamiento de los ciudadanos con los gobiernos.

Los políticos que nos gobiernan nos cargan cada día con más burocracia, y eso que su maquinaria de control sobre los ciudadanos es ya muy grande.

Vayamos a unos ejemplos prácticos para entender por qué la solución a eliminar burocracia está en que cada administración debe tener sus competencias y no actuar sobre otras. Aunque en algún caso pueda potenciar con medios económicos o materiales -si se considera oportuno- a otra administración que tiene otras competencias, pero no debe entrar en su gestión.

Empecemos por el centro de nuestra economía: el turismo y, en concreto, la promoción. El Gobierno central actúa con Turespaña con 324 personas empleadas directas y un presupuesto de 114 millones de euros, el Govern balear ha traspasado las competencias de promoción turística a los Consells, pero mantiene la AETIB con un presupuesto de 157 millones, y 56 trabajadores. El Consell de Mallorca tan solo a través de la Fundación Mallorca tiene un presupuesto de 14 millones, con una estructura entre patronato y asesores de 31 miembros y 16 trabajadores. Y si tomamos el ayuntamiento de Palma, además de sus departamentos, tiene a la Fundación Palma 365, con 2 millones de presupuesto y su estructura correspondiente. Y a todo ello hay que sumar el resto de Consells y Ayuntamientos. Por tanto, con tantos políticos intentando imponer sus criterios, es normal que el ciudadano ni sepa a quién dirigirse, o a dónde nos quieren dirigir con el turismo en las islas. Mucha burocracia, muchas administraciones competentes con su gasto en personal, puntos de vista distintos y menor eficacia en cualquier sentido.

Otro caso es el del comercio, un sector con muchas dificultades y que merece todo el apoyo, pero, igual que con el turismo, son las administraciones central, autonómica, insular y municipal, las que se disputan convocatorias de ayuda, cada una de ellas con requisitos y condiciones distintas, que obligan a los comerciantes a dedicar tiempo para cumplimentar las solicitudes y lógicamente tiempo para justificar cada una de ellas.

Otro ejemplo muy distinto, la protección de la Serra de Tramontana. No es posible que los costes de esta protección la paguen los particulares propietarios y los municipios de la Serra, debe ser un organismo superior, el que reparta estas cargas entre todos. Ya que el atractivo turístico o el disfrute de naturaleza de la Tramontana beneficia a todos a los que más se benefician del turismo, o a residentes también su gestión debería ser competencia única.

Con todo ello, pretendo explicar la cantidad de duplicidades en las administraciones, que emplean recursos económicos y humanos innecesarios ya que las bases para una norma o una convocatoria y análisis de subvenciones son los mismos sea cual sea su dimensión, y a los beneficiarios o afectados de las disposiciones administrativas les obliga a cuadruplicar sus esfuerzos y costes, además de encontrarse con criterios distintos. De las administraciones que cito, los ayuntamientos, puede justificarse que actúen, en alguna competencia con otra administración, por razones de conocimiento y proximidad.

Asimismo, el principio de que la administración no puede pedir datos que están en su poder lo deben cumplir, no se puede solicitar documentación que ya tiene. Así, la reducción de la burocracia facilitaría la vida a los ciudadanos y reduciría costes, y, además, con las competencias claras de cada administración, sabríamos a dónde dirigirnos y no tener que hacer un peregrinaje por todas ellas.

Nuestra estructura administrativa política cada día está más distanciada de los ciudadanos, la burocracia es una barrera que se interpone entre la sociedad civil y los gobiernos.

Los políticos deben bajarse del coche oficial y trabajar para eliminar esta barrera, y buscar conocer la opinión pública. Ellos son los que pueden hacer la vida más fácil al contribuyente y ello supondrá más recursos, al evitar las duplicidades. Por ello, un sistema de administración con las competencias claras, delimitadas y únicas en cada administración es el camino para conseguir eficiencia, productividad y seguridad jurídica.