El fin del ‘procés’
Sin ánimo de polemizar con el gran Santayana, es obvio que la historia no se repite nunca, entre otras razones porque los contextos no regresan y porque la aventura de vivir es un proceso continuo que siempre se renueva. Carece, pues, de sentido que el españolismo rampante asegure que la labor de apaciguamiento que la izquierda ha realizado en Cataluña y que ha tenido evidentes consecuencias pacificadoras desembocará en una reviviscencia del fenecido procés, que concluya, de grado o por fuerza, en un fatal referéndum de autodeterminación.
Un somero repaso a los hechos nos muestra que algo se hizo mal en la conducción del viejo problema catalán a lo largo del trayecto democrático que arrancó en 1978 de una Constitución que los catalanes asumieron admirablemente, después de haber contribuido a elaborarla en términos de una descentralización política y administrativa sin precedentes en la milenaria historia del Principado. Desde la restauración de la Generalitat de la mano de Suárez y de Tarradellas hasta el histórico pacto del Tinell mediante el cual Pujol facilitó la llegada de la derecha democrática a la Moncloa, la contribución de Cataluña a la gobernabilidad del Estado fue indiscutible y positiva, y todo parecía indicar que el oasis catalán había encontrado por fin su ubicación correcta en su perpetuo diálogo con Castilla.
La relación se enturbió sin embargo a partir de la segunda legislatura de Aznar y hasta el 1 de octubre de 2017, cuando se produjo, por incompetencia de todas las partes, el nefasto choque de los dos nacionalismos enfrentados. Una vez provocado el incendio, lo urgente era apagar las llamas, y a esta tarea se han dedicado algunos (otros no) en los cinco años transcurridos desde entonces. Las leyes catalanas de desconexión y la propia consulta eran infracciones que ningún Estado democrático podía tolerar y, como es natural, el nuestro también impuso su fuerza y su rigor, por imperativo de las propias previsiones constitucionales que fuerzan a los poderes públicos a tutelar el principio de legalidad. Los infractores principales fueron a prisión o tuvieron que quedarse fuera del país, los nacionalistas catalanes digirieron su propia obra y se cargaron de dudas, y en 2019 la izquierda política llego al poder en el Estado. Aquel cambio, en una comunidad como Cataluña donde el socialismo tenía histórico y relevante arraigo, era una oportunidad para restañar heridas, detener hemorragias, planear un futuro en paz.
Como ya se entrevió los momentos más duros de la confrontación, el nacionalismo catalán no era homogéneo. Junto a los grupos antisistema de la Cup, el pospujolismo (Junts) generó un populismo irredentista que todavía se aferra a los ídolos de barro de la independencia. Y ERC ha optado por reconocer con madurez los errores cometidos y por buscar nuevas maneras de enfocar sus ambiciones identitarias en el marco moderno de un Estado de derecho que ofrece grandes facilidades de instalación a todas las sensibilidades. Es imposible no reconocer que el acercamiento entre la izquierda estatal y la izquierda nacionalista catalana ha producido frutos muy evidentes en términos de paz social, prosperidad económica, reconciliación interna de las diferentes familias, etc. Se ha abierto, además, un diálogo que, aunque será largo y difícil, parte de la idea-fuerza de que la democracia es el único método legítimo para resolver este conflicto.
Pese a esta evidencia, Junts sigue vociferando puerilmente y tremolando banderas esteladas —«lo volveremos a hacer» es el lema— y ERC teme, ingenua pero comprensiblemente, que si no da al menos alguna muestra de fervoroso patriotismo, puede perder una parte marginal de su clientela, y Aragonés no tiene más remedio que seguir blandiendo el fantoche del referéndum de autodeterminación para consumo de los más hambrientos.
Pero es hora de hablar claro. Con las últimas reformas del Código Penal, que evitarán que algunos actores secundarios del proceso terminen pagando más que los principales en el saldo final del asunto, el ‘procés’ ha concluido. Como ha dicho Sánchez con palabras nítidas, «no habrá referéndum de autodeterminación». Lo que no impide que se lleve a cabo, efectivamente, un diálogo encaminado a mejorar la situación de Cataluña en el marco multilateral del estado autonómico y que, dentro de la ley, sí podría desembocar en una reforma del Estatuto o incluso en algún cambio constitucional pactado y asumido por todos.
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