Felipe VI: discurso del método

El Rey Felipe VIdio esta Nochebuena un paso importante en la dirección adecuada con una intervención muy medida que se inscribe plenamente en el marco que la Constitución le otorga. Ya se sabe que el monarca tiene que custodiar celosamente su neutralidad, al mismo tiempo que vela por la ortodoxia del proceso político, que ha de partir, según la rousseauniana fórmula del contrato social, de una cuasi unanimidad en el origen y de la voluntad sistémica de la mayoría con respeto escrupuloso a las minorías. Esta división no puede ser rígida ya que la dialéctica del debate se encamina precisamente a tratar de acordar posiciones dispares.

Dicho esto, conviene explicar la peculiaridad monárquica de nuestro sistema: los constituyentes de 1978 buscaron con especial ahínco una carta magna susceptible de ser aceptada por las corrientes más evolucionadas del franquismo y por las fuerzas democráticas de dentro y de fuera del país. En aquella coyuntura y por razones bien conocidas, el papel que jugó el rey Juan Carlos Ipareció conducirle de manera natural a la jefatura del Estado, tesis a la que se opuso en principio la izquierda, manifiestamente republicana. Con todo, el PSOE, que en 1977 era ya máximo representante de su hemisferio, anunció solemnemente en la comisión constitucional del Congreso su disposición a aceptar con lealtad la monarquía si esta respondía a las previsiones que quedaban tasadas en la norma que habría de poner fin al histórico desentendimiento que partía nada menos que de la guerra civil. Un hermoso discurso de Luis López Llorente aclaró aquella posición nada ambigua del PSOE, y lo cierto es que los sucesivos gobiernos socialistas, con González, Zapatero y Sánchez, han sido ejemplos vivos de feliz colaboración entre la jefatura del Estado y la presidencia del gobierno. Los devaneos de Juan Carlos I, un penoso baldón en nuestra historia y en la de la Corona, no son capaces de deslucir un balance innegablemente positivo de esta, que está recuperando su estatura en la actualidad y con el nuevo Rey.

El desempeño de la jefatura del Estado, símbolo de la unidad y permanencia del Estado, que consiste (art. 56.1 C.E) en arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones, no es automático ni directo y requiere una gran sensibilidad política para diferenciar el papel del Rey de cualquier opción partidista. Nada indica, sin embargo, que un presidente de la República, inexorablemente surgido de un partido político, podría desempeñar mejor la neutralidad que se exige a quien ocupa el vértice del Estado y ampara por lo tanto a toda la ciudadanía sin distinción alguna.

En esta ocasión, el rey había dirigirse a la nación en momentos muy delicados de deterioro institucional, dislocación política, exacerbación de las diferencias y de las animadversiones y, en definitiva, en plena crisis de un modelo democrático que, como todos ellos, solo avanza cuando sus mecanismos se lubrican con la tolerancia, el respeto, la capacidad de diálogo y negociación que caracterizan a las comunidades maduras y adelantadas.

Y el rey, en su discurso, ha marcado el método de salida del atolladero por el procedimiento de enunciar estos tres riesgos en los que nos estamos abandonando: «la división es uno de ellos; el deterioro de la convivencia es otro; la erosión de las instituciones es el tercero». Y propone, frente a la división, recurrir a la Carta Magna; para regenerar la convivencia, urge aplicar a «nuestra vida colectiva el reconocimiento en plenitud de nuestras libertades, junto al respeto y la consideración a las personas, a sus convicciones, y a su dignidad». Por último, «en esa tarea, necesitamos fortalecer nuestras Instituciones. Unas Instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos, y apoyen a las familias y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos. Instituciones que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud».

Difícilmente se hubiera podido apelar mejor al cumplimiento del deber por parte de todos. Si alguien no lo ha entendido, es que no actúa con buena voluntad.

Suscríbete para seguir leyendo