La agitación populista

¿Quién no se acuerda de los pronunciamientos de Sánchez en contra de cualquier pacto con el populismo? ¿Quién no se ha percatado aún de que lo está encabezando? Sánchez no ha visto otra manera de remontar y ganar las elecciones que polarizando al máximo la tensión política, en la estela de Zapatero, con quien empezó todo. Para acompañarle en su deriva iliberal, se han sumado sus aliados en la prensa que replican su fantasioso argumentario. Así, denuncian de forma lacrimógena la anulación por parte del Tribunal Constitucional de los acuerdos de la cámara legislativa, donde reside la soberanía popular, la voluntad soberana del Congreso de los Diputados. Son las lágrimas del cocodrilo populista mientras está salivando sus fauces para la arremetida final. Un argumentario surrealista: el TC atenta contra la Constitución. Fue todo un espectáculo contemplar a los golpistas catalanes acusar al TC de golpismo. Todo, embeleco; todo, mentira. En la Constitución, suprema ley, no aparece en ningún lugar el sintagma soberanía popular, referido o sin referir al Congreso, que conduce a la dictadura de la Convención de la Revolución Francesa, y al Terror, y a todos los regímenes populistas bolivarianos de Latinoamérica. No por mucho repiquetear se consigue que la mentira se convierta en verdad; como no por mucho madrugar amanece más temprano. La tan maltratada C.E. en su artículo 1.2 dice: «La soberanía nacional (no soberanía popular) reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Congreso, Senado, Gobierno, CGPJ, TC, emanan del pueblo español, no del Congreso.

Se ha repetido de forma vergonzosa la estrategia de impugnar el derecho democrático de una formación política al recurso a la instancia arbitral por considerar que se atenta contra la C.E. Ocurrió cuando la presentación del recurso contra el Estatuto de Cataluña de 2006 y ha vuelto a ocurrir. Se ha intentado amedrentar como entonces a la oposición. Bolaños amenazó con «impredecibles consecuencias para la democracia» si el recurso prosperaba. Sánchez, más agresivo, subía la apuesta: «Se trata de un complot de la derecha política, mediática y judicial y un atropello a la democracia». ¿Por qué este paroxismo ante el recurso contra el Estatuto catalán, y también ahora ante el recurso contra una proposición de ley que deroga el delito de sedición y rebaja las penas de malversación sin los informes preceptivos del CGPJ y del Consejo de Estado, e incorpora de matute, por urgencia y sin debate, enmiendas que modifican leyes orgánicas como la ley del Poder Judicial y la del TC, en contra del artículo 23.1 de la C.E. que asegura el derecho a participar en los asuntos públicos? Porque entonces y ahora eran conscientes de su inconstitucionalidad, como advirtieron los letrados de la cámara. Si un gobierno o unas fuerzas políticas están seguros de la constitucionalidad de sus proyectos o proposiciones de ley no arremeten histéricamente contra el derecho constitucional a recurrir. Han arremetido porque sabían, hipócritas, que estaban vulnerando la C.E. Unos, porque su objetivo no es reformarla, sino el inicio de un proceso destituyente que conduzca a una confederación de los pueblos de España; otros, Sánchez, a sabiendas, porque está perdiendo la esperanza de ganar las elecciones y se suma al paroxismo populista que exacerba aún más la polarización política como camino para mantener el poder. Como Montilla y el PSC manifestándose contra la sentencia del TC en 2010 que eliminó 14 artículos del Estatut por anticonstitucionales, ahora Unidas Podemos y demás comparsas instan a la desobediencia a las resoluciones del TC, al que acusan de golpista. Dicen que arbitrarán otra vez, mediante una proposición de ley, la modificación de las leyes del TC y el CGPJ también por urgencia. Eso sí, desoyendo las recomendaciones de la UE de que para reformar leyes orgánicas se oigan primero a todas las instituciones afectadas, obviando los informes preceptivos del CGPJ y del Consejo de Estado.

Es cierto que desde hace cuatro años hay un bloqueo del PP para renovar el CGPJ y también hay bloqueo en el TC. La C.E. no obliga a nadie a pactar el CGPJ, simplemente establece unas mayorías cualificadas para su elección. Si el PP no pacta lo que ocurre es una crisis constitucional. Hay que preguntarse los motivos. No hay otro, a mi juicio, que la dinámica iniciada con Zapatero de dar alas al secesionismo catalán con la complicidad del PSC que, tras la sentencia de 2010, toma impulso con Mas y una CiU corroída por la corrupción, e inicia el proceso de deconstrucción de la Transición. Hay crisis porque la nueva realidad política generada por el independentismo a la que después se suma el populismo, choca contra el diseño constitucional que descansa sobre el consenso bipartidista de UCD y PSOE y, después de PP y PSOE. El consenso y el reparto entre PSOE y PP fueron posibles porque no cuestionaban los principios constitucionales. Había mayorías favorables ideológicamente a unos y las había favorables a otros, pero había, al menos, una apariencia de imparcialidad. El independentismo catalán aprobó las leyes de desconexión y proclamó la república catalana. Se aplicó el artículo 155 y el Supremo condenó a los sediciosos que entonaron el «ho tornarem a fer». Los primeros que intuyen la estrategia de Sánchez, nuevo líder del PSOE, de escurrirse del consenso central, que no le va a dar la mayoría, para pactar con ERC y EH Bildu que sí se la va a dar son los del viejo PSOE. Por eso le destituyen en el comité federal del uno de octubre de 2016. Sánchez, aupado por el populismo resentido del PSOE y el error de González, Guerra y Cía de proponer como alternativa a Susana Díaz, volvió a la secretaría general y convirtió al PSOE en su perrito faldero. Los acuerdos en el CGPJ y TC saltan por los aires porque Feijóo atisba (nombramiento de Juan Carlos Campo, exministro de Sánchez, y Laura Díez, ex directora general en Presidencia y asesora del Govern catalán para obviar la sentencia judicial del 25% de castellano como integrantes del TC) que Sánchez, sorteando las exigencias de imparcialidad, pretende un TC presidido por Conde Pumpido que avale las exigencias de ERC, incluyendo un referéndum de autodeterminación en Cataluña disfrazado de consulta y le ancle a él en la presidencia. Ahora, a Sánchez se le ha desbaratado el calendario político antes de las próximas autonómicas y locales.

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