La muralla burocrática y la brecha digital
Los solicitantes de las ayudas sociales del Govern se topan con la brecha digital / M.A. Miquel Adrover
El malestar de muchas personas ante las dificultades para solicitar las ayudas previstas en el escudo social impulsado por el Govern vuelve a poner en evidencia carencias de fondo y forma en el trato de la Administración con la ciudadanía, tan falto de empatía. Desde 2015, año en que se promulgó la legislación que regula las nuevas relaciones entre la Administración y el ciudadano condicionadas por los avances tecnológicos, la posibilidad del contacto por vía electrónica ha dejado de ser opcional para implantarse cada vez más como imperativa, un fenómeno que se vio acelerado por la pandemia del coronavirus. Aunque la incorporación de las nuevas tecnologías, acorde con una sociedad cada vez más digitalizada, ha facilitado muchos trámites que antes exigían interminables colas y largas esperas, no es menos cierto que muchas personas, por carecer de los medios o de las competencias, lo padecen como una pesadilla. Así, una acción política como el escudo social, concebido para aliviar las economías domésticas más vulnerables en tiempos difíciles, mediante ayudas para las actividades extraescolares y el alquiler o la devolución de la matrícula de la universidad, acaba generando frustración en muchos de sus virtuales beneficiarios, que sienten estar luchando contra molinos.
Algo falla cuando solo uno de cada cuatro alumnos de la UIB ha solicitado el retorno de la matrícula, que tenía como requisito rentas inferiores a 33.000 euros para declaraciones individuales y 52.000 para las conjuntas. Los ciudadanos se enfrentan a farragosos formularios, con un lenguaje incomprensible y la exigencia de abundante documentación, que muchas veces ya obra en poder de la Administración, compartimentada en competencias, poco interconectada, inoperativa e ineficaz a la hora de facilitar trámites. Para guinda, la obligatoriedad de identificarse con Clave Permanente o DNI electrónico, que de no poseerlo exige iniciar trámites paralelos con su preceptiva cita previa en otras instancias, donde la disponibilidad no siempre entra en el plazo requerido o «las máquinas fallan más que una escopeta de feria», como se reconoció hace unos días en Jefatura a un vecino de Palma quejoso de tener que perder otra mañana para obtener su identificación electrónica y cumplir como buen ciudadano con una obligación administrativa. A estas alturas del calvario, muchos ya han desistido de pedir la ayuda. Los más osados y urgidos acuden a registros físicos en busca de atención presencial, de un funcionario que les guíe en la maraña, para acabar entrando en bucle. «Necesita cita previa». El derecho a ser atendido en tu propia lengua palidece frente al derecho a ser simplemente atendido. De poco sirve digitalizar si no se simplifican los procesos, si la Administración electrónica replica los males endémicos de la que retrató hace casi dos siglos Larra en su célebre «Vuelva usted mañana». La muralla burocrática y la brecha digital no pueden dejar a nadie en el camino y menos a los más vulnerables.
