Desde el siglo XX

44 años de Constitución y cuatro colapsada

La derecha se apropia la Carta Magna arremetiendo contra el Gobierno y asociados al tiempo que la conculca hasta hoy con impunidad y alevosía

Un trabajador en un andamio se hace un selfi con uno de los Leones del Congreso de los Diputados el pasado septiembre.

Un trabajador en un andamio se hace un selfi con uno de los Leones del Congreso de los Diputados el pasado septiembre. / EFE

José Jaume

José Jaume

Las excusas nunca faltan, cambian según el momento y la circunstancia acabando siempre en el mismo lugar: impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ahora, por extensión, el Tribunal Constitucional (TC) sean convenientemente renovados de acuerdo a lo que dispone la Constitución, de la que ayer, para los que no hayan caído en la cuenta, se cumplieron 44 años, lo que significa que no la pudieron votar todos los españoles que todavía no han cumplido 62 años. Contundente mayoría. Recordatorio para los que andan obcecados en mantenerla pétrea, sin admitir las imprescindibles reformas que la hagan transitable en los años que están por arribar, que a saber lo que depararán. El causante del colapso que la mantiene en constante fibrilación los postreros cuatro años es el PP y solo el PP y allegados; es decir, los medios que jalean, amparan, exigen, su flagrante incumplimiento alegando falsedades como la de que el Gobierno ha aceptado para sobrevivir que sus enemigos, que lo son de España, dispongan de vara alta para hacer lo que les venga en gana, para que puedan poner a la nación en almoneda. Con ello tienen carta blanca para pasarse por el forro el mandato constitucional que ordena taxativamente renovar en plazo instituciones fundamentales del Estado. Lo son el CGPJ y el TC. Como que para quien tenga oídos para escuchar y ojos para ver que escuche y vea, nos dicen los Evangelios, dejemos a los ciegos y sordos vocacionales mantener sus querencias; adentrémonos en las reverberaciones políticas que lleva aparejadas el colapso.

La primera, no decisiva, es la progresiva pérdida de chance electoral de Alberto Núñez Feijóo. Al presidente del PP le ha podido el placaje de Isabel Díaz Ayuso, que aguarda pacientemente su momento (no parece que los problemas que confronta en Madrid la apuren en demasía), y determinados medios de comunicación, en especial el periodista, sobrado de bagaje cultural y de inteligencia estratégica, profeta de la extrema derecha, aunque se las dé de liberal constitucionalista, que hace crujir las cuadernas del PP cuando lo fustiga por blando. Feijóo ha embarrancado al abortar el pacto para proceder a la renovación del CGPJ aduciendo, en su hasta el momento última pirueta dialéctica, la eliminación del delito de sedición del Código Penal. En el PP no se ha caído en la cuenta de que lo que hacen se parece a un acto sedicioso.

No por reiterado es menos grave: el bloqueo del CGPJ que ejecuta el PP es algo semejante a la sedición

Lo sustancial del asunto, más allá de observar a las derechas en modo trabucaire, como en los momentos más desafortunados de la reciente historia española, es que se están abriendo las puertas para que por ellas entre una crisis constitucional de todas las instituciones (también la Corona), que no están ni mucho menos para ser zarandeadas por sus teóricos defensores. ¿A qué situación conduce la sistemática violación del mandato constitucional o lo que es lo mismo, de la Constitución? Sencillamente, a su progresiva pérdida de legitimidad, a dar, así sí, pie a quienes la quieren quebrar para poder avanzar en su proyecto político. No es el caso, quede claro, del Gobierno de Pedro Sánchez, pero la derecha anda tan embebida en querer ajustarle las cuentas, porque no ha perdonado ni perdonará la constitucional moción de censura que la desalojó del poder al acabar con la carrera política de Mariano Rajoy, que no atiende a las razones que deberían llevarla a admitir que hay que hacer lo que constitucionalmente corresponde cuando constitucionalmente llega el momento de hacerlo. El PP se ha enredado en su corrosiva estrategia institucional sentando las bases para que, si gana las próximas elecciones, lo que está en entredicho sea una parte sustancial de la izquierda (no lo hará el PSOE, que es el partido más constitucional que habita en las Españas) la que opte por echarse al monte con la consiguiente aceleración de la inestabilidad política y social. Es un mal negocio para todos, pero no parece que haya propósito de enmienda. Cuando se está encelado el sentido común desaparece.

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