La decisión del Govern de crear una comisión de expertos para explorar las posibilidades de poner límite a la compraventa de viviendas por los no residentes supone un primer paso de un largo camino de incierta resolución sobre un asunto complejo que, de prosperar, se acabará dirimiendo en Europa. O sea, va para largo. El grupo de trabajo conformado por las consellerias de Presidencia, Vivienda y Hacienda, además de la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la Universitat de les Illes Balears, elaborará un informe de la normativa europea y de las experiencias existentes, a sabiendas de que parte de una realidad incontestable. Hasta el momento, ningún territorio lo ha conseguido. Las pocas excepciones existentes corresponden a enclaves de países que lo negociaron antes de ingresar en la Unión. Lograr algo así para áreas de Baleares, además de una propuesta jurídica sólida e irrefutable, exigiría la complicidad del Gobierno central, en el que por ahora no parece despertar gran entusiasmo, y la aprobación de Europa, donde la impugnación de cualquier Estado miembro conduciría al Tribunal de Justicia de la UE. Pero tampoco antes se había topado el precio del gas, hasta que España y Portugal abrieron camino. Nuevas emergencias en nuevos contextos han impuesto nuevas gobernanzas en el seno de la Unión, donde otros territorios comparten con Baleares el problema de acceso a la vivienda por parte de sus poblaciones locales, que se sienten expulsadas en parte por la competencia de compradores de alto poder adquisitivo, y presionan urgiendo soluciones. Son las víctimas de las llamadas ‘zonas tensionadas’, lugares donde hay que dedicar una gran parte de los ingresos a costear la hipoteca o el alquiler, si llegas a encontrarlo. La competencia de terceros más pudientes, el alquiler turístico, la carestía del suelo... los motivos son multifactoriales y exigen actuaciones diversas. El Govern ha activado ayudas para avales de hipotecas de primera vivienda de menos de 270.000 euros y para el alquiler, y ha avanzado en vivienda pública, aunque por debajo de las expectativas creadas.

El pasado año el 33% de las operaciones de compraventa de viviendas en Baleares las realizaron extranjeros. Tras ese número también se refleja toda una economía de empresas inmobiliarias, empresas de reformas y de mantenimiento de jardines que observan con preocupación el efecto que tener en sus negocios la implantación de medidas restrictivas y que ponen en valor la contribución de muchos de estos compradores a la recuperación de casas y fincas. No todo es especulación. Transitar la senda de la limitación de la venta de viviendas a personas que no puedan acreditar cinco años de residencia -es el perfil que se ha puesto sobre la mesa de debate- exige un estudio pormenorizado de la cuestión bajo todos los prismas, para no provocar efectos indeseados. Pero algo hay que hacer, frente a la carestía de la vivienda.