En la primera parte del artículo enunciamos la implicación en la lucha contra la violencia de género de los distintos alcaldes y alcaldesas hasta el año 2015, en el que llegaron José Hila, y Antoni Noguera (de lado), pasando de la indiferencia a la incomodidad del servicio. El premio María Plaza en el primer mandato de Hila no palió el que reubicaran a la Unidad de Protección Familiar (UPFA) a un espacio infrapolicial, en el que aún permanecen estacionados, padeciendo una absoluta falta de insonorización, imprescindible por la confidencialidad de sus conversaciones. Al renovar mandato Hila, a pesar del premio Meninas, nuevo reconocimiento otorgado a la UPFA por la Delegación del Gobierno (cuya foto triunfalista publicada el pasado 25-N no era necesaria) nos hallamos ante el peor escenario de estos casi 20 años de existencia de la Carta de compromisos o servicios «en fase florero», vamos a ver por qué: paralelamente al servicio ofrecido por la policía local (PL), el CNP desarrolla su labor con una carga muy superior de trabajo. Las relaciones entre profesionales de —a pie— ambos Cuerpos han sido y son magníficas. Ahora bien, «el poder, sea beligerante, complaciente o indiferente» ha ido considerando, con razón, que los tutores estatales (así se conoce a los agentes de seguimiento) fruto de su organización, tenían demasiadas víctimas a su cargo. Cada policía del CNP podían tener hasta cuatro veces más de asignaciones que uno local, y no lo solucionaban autónomamente. Este desequilibrio, en los últimos años ha motivado una fuerte presión a la PL, no solo policial, para disminuir —sin utilizar recursos humanos y presupuestarios propios— ese elevado volumen de casos a través de derivar víctimas, y para ello este año 2022, se ha firmado un convenio entre ambas policías, que yo defino como «reparto de miseria». Si faltan agentes; dótense, y sobre todo no perjudiques el lado que funciona «algo mejor». Comodidad parcial, aumento de la burocracia, pérdida de perspectiva sobre la víctima son conceptos que planean sobre el nuevo acuerdo. Por supuesto, no faltó su difusión mediática como una acción —sin serlo para las víctimas— positiva.

La presión por aumentar «mano de obra» del CNP debía haberse dirigido en vertical hacia Madrid o hacia su propio edificio, no en horizontal hacia Cort. Los mandos técnicos de la PL debían haber pensado competentemente, primero, en «nuestras, ahora sus» víctimas junto a sus profesionales y segundo tener valor para defenderlos. Por último, los responsables políticos deberían haber aguantado la presión y asesorarse mucho mejor de lo que lo han hecho, dado que en última instancia son los responsables de que el servicio que da la PL haya ido a peor, en lugar de hacerlo a mejor.

No se trata de desmenuzar el nuevo protocolo, pero no hay duda que desenfoca a las víctimas y se centra en un reparto de la carga de trabajo en el que, al menos, las agredidas cuyo seguimiento depende de la PL van a estar peor atendidas. Uno de los aspectos más negativos es eliminar la libre elección del Cuerpo policial que, la mujer quiera que realice su seguimiento. La asignación se hará automáticamente sin contar con su voluntad, o irá alternándose en función del nivel de riesgo, desvirtuándose la tutorización personalizada y abriéndose paso el efecto «yoyo». No menos importante es el aumento de la presión burocrática que ha padecido la PL, en detrimento de tareas operativas efectivas. Como último apunte, destacar que el sistema de gestión municipal ha quedado desfasado y opaco. Llama asimismo la atención la ausencia del segundo curso anual de autoprotección que, históricamente, se ha realizado en torno al 25-N.

La Carta no es la panacea y sin una buena oferta de sus servicios se convierte en insustancial, sin embargo, «era» un buen sistema de gestión que mantenía a las víctimas como protagonistas tratadas dentro de una estructura sólida, controlada, auditada y pública. En lugar de copiarla, se ha ignorado en el protocolo firmado entre los dos cuerpos policiales. Anticipándome a esta triste realidad, hace justo un año cité en estas páginas: «Relacionada con el vestuario de los Santos, existe una técnica compensatoria de la calidad de los servicios. Equilibrar déficits no es una buena noticia. Se debe potenciar a los necesitados sin perjudicar a los bienaventurados. Y, si se refieren a personas, un sencillo «pon gente» lo soluciona». La empatía con las víctimas debe primar sobre la «endogamia» institucional. Siempre se puede mejorar: reubiquen a la UPFA, reviertan el acuerdo, y —con presupuesto estatal— doten al CNP de los recursos que, evidentemente, precisa. Utilizar el error como instrumento de aprendizaje también puede dar titulares.