Después de la chapuza legislativa llega el espectáculo político. Es un clásico: dos partidos en coalición; uno de ellos, el pequeño, deseoso de hacer méritos y forzar su prioridad estrella; un presidente que no puede permitirse ruido con el partido coaligado; una tramitación apresurada y mal forjada; y, cuando estalla el escándalo, se hiperideologiza el debate y entramos en el sainete de dispararse las culpas. Nada que no haya pasado otras veces, especialmente cuando la ideología entra en la ley con tozudez. El problema es que, esta vez, los daños colaterales son las personas que habían sufrido violencia sexual y ahora ven cómo se benefician sus agresores.
No pongo en duda la bondad de la intención de los promotores de la ley, nacida tras el impacto social de la terrible sentencia del famoso caso de la manada, cuando la Audiencia de Navarra calificó de simple delito de abusos sexuales lo que había sido una brutal violación múltiple. Había que unificar, por tanto, el concepto de abuso con el de agresión sexual, para que todo acto sexual contra una persona sin su permiso fuera un delito de agresión. Asimismo, era urgente que la violación nunca pudiera ser considerada abuso, como ha ocurrido en estas sentencias claramente machistas. Pero precisamente porque la intención era buena, porque el cambio legislativo era muy importante y porque el sentido de la modificación era la protección de las víctimas, resulta incomprensible e inaceptable que se haya hecho tan mal.
Aviso inequívoco
No se trata, pues, de poner en duda la necesidad de este nuevo supuesto penal, sino de exigir a los gobernantes unos criterios de rigor, sensibilidad y responsabilidad que en este caso han incumplido de forma flagrante, con terribles consecuencias. ¿Cómo es posible que, tras el durísimo informe del Ministerio de Justicia contra el texto, avisando de que «afectaría a la reducción de penas de algunos condenados por abuso y agresiones», no se retirara el proyecto para estudiar y calibrar en serio los daños que podía provocar? ¿Cómo es posible que no se escuchara la alarma que disparó el CGPJ en la misma dirección de los peligros de la ley? El aviso de los jueces era inequívoco: «La reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de las condenas allá donde se hayan impuesto las penas máximas conforme a la regulación vigente». Es decir, el CGPJ avisaba del grave riesgo de la ley: los beneficios de los que gozarían los agresores sexuales ya condenados, con una reducción de penas que, como está ocurriendo, podía implicar la salida de la cárcel.
Todos los criterios penales exigían, pues, que el proyecto fuera pensado, repensado y muy ajustado, para no causar un terrible daño a las víctimas. Solo se trataba de recordar la cuestión fundamental: que más allá de las pancartas y las consignas, hay personas reales que, tras sufrir la brutalidad de una agresión sexual, han tenido que sobrevivir a un calvario psicológico para reponerse de la violencia sufrida y volver a tener una vida normal. Muy a menudo se trata de niños o chicas jóvenes, en plena adolescencia, a las que se les rompe la vida. Y ahora, una vez condenado el agresor, justo cuando estaban rehaciéndose, el impacto de la reducción de penas vuelve a hacerlas transitar por otro calvario de inseguridad, miedo y dolor. ¿En qué planeta razonable se puede sacar adelante una ley para defender a las víctimas no teniendo en cuenta que puede significar una nueva agresión? Es incomprensible.
Incomprensible, pero, al mismo tiempo, perfectamente explicable. Había prisa ideológica, llegaba el día del 8-M y la ministra Montero quería demostrar su compromiso feminista, no vaya a ser que Podemos resultara una simple muleta. Y así, a lomo del dogma ideológico, omitieron los avisos y los riesgos, tildaron a quienes querían repensar la ley de «machistas frustrados» (Pablo Iglesias dixit) e impusieron el proyecto con los agujeros negros que contenía. Para acabar de remachar el clavo, cuando finalmente se ha aplicado la ley y han empezado a salir a la calle los agresores, han vuelto a utilizar la demagogia para disparar las culpas contra los jueces. Es la hiperideología, el abuso de la consigna por encima de la responsabilidad. Peor aún: es el interés electoral por encima del interés ciudadano. Una puñetera, abominable e indignante irresponsabilidad.
