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Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género

Jorge Fauró

Limón & vinagre | Victoria Rosell: El feminismo que se pierde entre el ruido

Victoria Rosell, en una entrevista reciente. GUILLEM BOSCH

Victoria Rosell (Murcia, 54 años) no tiene suerte en la vida. Al menos, en su vida profesional ligada a la política. Por fas o por nefas. Tras 18 años de carrera judicial en las Islas Canarias y su decisión de encabezar en Las Palmas la lista de Podemos al Congreso en 2015, la conspiración diseñada contra ella por un juez conservador con ambiciones de arribismo y hoy en prisión por aquella urdimbre le cortó las alas. Regresó a la arena cuatro años más tarde resarcida en su honor, pero aquel feminismo que predicaba la formación de Pablo Iglesias ya tenía entonces otras apuestas en el escaparate (Montero, Belarra, Díaz). Volvió de diputada rasa hasta su nombramiento en 2020 como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, un puesto en el tercer escalón tras los de ministra de Igualdad y el de secretaria de Estado.

El ingreso en prisión el mes pasado del magistrado conspirador, Salvador Alba, que le bailaba el agua al candidato del PP canario, aquel exministro José Manuel Soria que se dejaba o afeitaba el bigote según lo hiciera Aznar, del que era sosias, otorgó a Rosell una victoria mediática que le ha durado apenas 30 días; lo que ha tardado en estallar desde entonces el escándalo por las lagunas jurídicas de la ley del solo sí es sí y que ha llevado a la magistrada a la obligación de defender en público la redacción de una norma que ha hecho temblar la agenda feminista del partido que la propuso y de todo el Gobierno.

Porque Victoria Rosell, sin apenas experiencia en el canibalismo de la refriega política y expuesta a la voracidad de la oposición, las redes sociales, la presión mediática y, sobre todo, a los errores no enmendados del Ejecutivo al que representa, siempre parece estar en el peor sitio en el peor momento. Amarrada al torpe relato oficial del Ministerio («Lo que tenemos es una avalancha de violencia sexual, no de revisión de condenas», «La justicia es machista», «Con una buena formación [de los jueces], esto no tendría que haber sucedido»), Rosell anda embarrada en el argumentario y elige mal sus foros. Días atrás se enzarzó en una discusión con la presentadora Mariló Montero en un programa de televisión. En el apuntalamiento de un estado de opinión, no parece que haya muchas posibilidades de ganar si uno elige someterse al juicio de según qué tertulianos.

La ausencia de una disposición transitoria en la ley que impida rebajar algunas condenas en firme contra la libertad sexual ha producido hasta ahora más de una docena de reducciones de pena en España y la excarcelación de, al menos, tres agresores. La norma eliminó el abuso sexual y se unificó todo en agresión. Lo que antes se consideraban abusos acarrea ahora penas mayores y las antiguas agresiones, de mayor gravedad al incurrir intimidación y violencia, implican que las condenas puedan ser más laxas al haber descendido la pena mínima. In dubio pro reo. Ante la duda, a favor del acusado. Las asociaciones de jueces, incluida Jueces para la Democracia, de la que Rosell fue portavoz, han salido en tromba a defender este principio y una buena parte de juristas considera que la nueva ley debería haber incluido un punto (la famosa disposición transitoria) que cerrara el paso a la reducción de condenas, un error técnico que no se cometió en reformas anteriores del Código Penal y del que nadie avisó. Ni el Poder Judicial ni el Consejo de Estado ni el Congreso, que aprobó la ley con los votos de 205 diputados.

Con ministras del PSOE sugiriendo revisiones en el texto y Yolanda Díaz en un clamoroso silencio, primero, y pidiendo prudencia, después, el departamento de Irene Montero y buena parte de Podemos se han visto obligados a sacar toda la artillería apuntando con vehemencia a los jueces, de la ministra a la propia Victoria Rosell, cuyo nombre acababa de ser propuesto por los morados, antes de que el sí es sí monopolizara las portadas, para un puesto en el Consejo General del Poder Judicial. Pero la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género volvía a estar en el peor momento en el sitio equivocado: el Ejecutivo derogó la sedición y rebajó las penas del nuevo delito, lo que sirvió de base al Partido Popular para romper las negociaciones sobre la renovación del órgano de gobierno de la judicatura. Y en este marasmo se ha visto envuelta Rosell en menos de un mes, en el epicentro de ese refrán que dice: «El corazón en la boca, mucha verdad y suerte poca».

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