Desde hace más de 25 años, los partidos políticos y las empresas de las Islas Baleares han venido reclamando la aprobación de incentivos fiscales para este territorio en el contexto del denominado Régimen Especial Balear (REB) similares a los que se aplican en las Islas Canarias.

Tras años de reivindicaciones, el pasado 3 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en Palma que la Ley de Presupuestos Generales para 2023 incluiría la introducción de dos medidas fiscales encaminadas al fomento de la inversión y la productividad en Baleares: La Reserva por Inversiones en Baleares (RIB) y la bonificación para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras.

Estas medidas ya están recogidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, y, salvo sorpresa, serán incluidas en la norma definitiva y, por tanto, resultarán de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.

Estos dos incentivos son aplicables en el Impuesto sobre Sociedades de las entidades españolas que desarrollen actividades en territorio balear, así como a entidades y personas no residentes que tengan un establecimiento permanente en las islas, y a las personas físicas que obtengan rendimientos de actividades económicas en Baleares.

En términos generales, la RIB consiste en una exención en el Impuesto sobre Sociedades de hasta el 90% del resultado del ejercicio de una entidad obtenido en Baleares (hasta el 80% de la cuota íntegra en el caso del IRPF), siempre que dicho importe se destine a reinvertir en un amplio abanico de elementos del activo de la empresa, que deberán ser mantenidos en su patrimonio por un período de cinco años (con carácter general). Además, durante ese período la sociedad no podrá distribuir dividendos a sus accionistas por el importe de dicha Reserva.

Por su parte, el incentivo para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras consiste en una bonificación del 10% de los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Baleares, con la condición de que se mantenga la plantilla media. La bonificación aumenta hasta el 25% en los casos en que dicha plantilla en términos de media se vea incrementada. Esta bonificación también es aplicable tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y el IRPF.

Estos dos beneficios fiscales que, entre otros, llevan funcionando en Canarias desde hace varios años, son conocidos por parte de los inversores internacionales (fundamentalmente la Reserva para Inversiones), para quienes resultan un factor decisivo y representan un estímulo claro a la inversión en un territorio.

Si se confirma la aprobación final de estas dos medidas, nos podríamos encontrar, por tanto, ante un hito clave, que supondría una muy buena noticia para Baleares y que podría tener una repercusión positiva en la dinamización de su economía y empleo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta la letra pequeña en la aplicación de estos beneficios. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con las Islas Canarias, el territorio balear no tiene el estatus jurídico de región ultraperiférica en el ámbito del Derecho de la Unión Europea.

Esto supone que estos incentivos estarán limitados por la aplicación de los Reglamentos Europeos sobre Ayudas de Estado (Ayudas de minimis). Lo que significa que, a menos que haya algo que cambie y que dé a Baleares una condición jurídica particular a este respecto, salvo algunas excepciones, la aplicación de estos incentivos se verá limitada en muchos casos a 200.000 euros cada tres años (o incluso a límites inferiores en otros sectores específicos como el de transporte por carretera —100.000 euros—, el sector de la agricultura —20.000 euros—, o el sector pesquero —30.000 euros—).

Estas limitaciones reducirán de manera muy significativa el impacto real que podrían tener estos beneficios fiscales en la inversión.

Sin dejar de reconocer el valor que tendrá la introducción de estas medidas, Baleares no debe conformarse con ellas. Estamos en un momento decisivo en el que todas las instituciones, fuerzas políticas y empresas de la Comunidad deben estar unidas sin fisuras para promover con determinación en la Unión Europea la concesión de una situación jurídica que no restrinja el impacto de medidas como estas. De lo contrario, nos quedaremos con unos incentivos que fomentarán la inversión en activos a determinados niveles, pero que no marcarán la diferencia a la hora de que los grupos inversores y empresas decidan o no realizar inversiones en Baleares, con el evidente impacto positivo que éstas conllevan.