La deserción de la Fiscalía en el ‘caso Cursach’ deja agonizante uno de los procesos más tormentosos de la historia judicial mallorquina en la persecución a las mafias, que está resultando más letal para los investigadores que para los investigados. La causa ha pasado por seis jueces instructores y provocó una renuncia en bloque de magistrados en la Audiencia porque nadie quería asumir la vista oral. Ha llevado aparejadas condenas por palizas a testigos incómodos e incluso ha creado jurisprudencia en el Tribunal Constitucional, que declaró ilegal la confiscación de teléfonos de periodistas seguidores del caso, entre ellos el de Kiko Mestre, de este diario comprometido con el esclarecimiento de la verdad. El peso del juicio recae ahora en las acusaciones particulares, con escaso margen de actuación, ya que los empresarios han de ceñirse a sus posibles perjuicios directos, no pueden entrar en el conjunto de la presunta trama corrupta, competencia de un ministerio público que ha plegado velas. Primera consecuencia: siete policías, algunos implicados en otras causas por comportamientos similares para los que la misma Fiscalía pide prisión, quedan aquí absueltos al no pesar sobre ellos ninguna petición de condena. Se suman a los otros seis acusados que ya fueron exonerados en las cuestiones previas, cuando en una insólita maniobra el fiscal Juan Carrau se enmendó a sí mismo y recortó a base de tachaduras el escrito de acusación que había firmado junto al mismo Miguel Ángel Subirán, que después persiguió. Carrau rebajó de 8,5 años a 1,5 la petición de condena para Cursach con un error de bulto: mantuvo viva, es decir sin tachar, la imputación por coacciones, pero no reclamó los dos años de prisión que elevaban la suma a 3,5 años. No ha hecho falta corregirlo, se retira todo. No hay más preguntas, que esto acabe cuanto antes y que la sentencia de las juezas no nos deje en evidencia.
Es difícil encontrar cuando no se quiere buscar. Es cierto que ha sobrado show, que muchos testigos cruciales se han venido abajo o se han refugiado en una sospechosa amnesia. Pero lo realmente inquietante ha sido ver a la Fiscalía encarada con sus testigos más solventes, apretando a policías y empresarios, salvo que cargaran contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán puestos en la picota por su instrucción. La Fiscalía ha llegado a calificar de «inútiles» los testimonios de policías que denunciaban la desaparición de actas de Cursach en las oficinas municipales y de «inanes» las declaraciones de los dos agentes que reconocieron haber sido presionados por el jefe de la Policía Local, Joan Miquel Mut, en presencia de Bartomeu Sbert, brazo derecho del magnate, para modificar un acta contra uno de sus negocios. Nadie ha negado el episodio, pero Mut ya está fuera del caso por la huida de la Fiscalía, que con su desistimiento también ha asumido, como sostienen algunos, que avisar a un establecimiento de ocio de una inspección no es un soplo para eliminar cualquier rastro delictivo y evitar sanciones, sino una loable actuación preventiva. Algo huele a podrido en Mallorca.
