El mayor problema que sufre Balears es el acceso a la vivienda, una meta casi inalcanzable para generaciones de trabajadores residentes de todas las franjas de edad, oficios y profesiones, con la enorme frustración social que conlleva. Las causas son la histórica falta de regulación del mercado inmobiliario y de alquiler; la especialización de las constructoras en el sector del lujo, donde está el verdadero negocio; la progresiva pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos que antes englobaban la clase media, ahora con rentas muy por debajo de la media española; y el efecto perverso del alquiler vacacional sobre los precios, incluido el alquiler turístico ilegal, que funciona sin necesidad alguna de publicitarse y al margen de la anecdótica e ineficaz inspección institucional. Así que solo quedan en el mercado convencional a disposición de los residentes minipisos a precios abusivos y alguna oferta que se esfuma en 24 horas.
La escasez y la desesperación también se han convertido en un mercado que da pingües beneficios a ciudadanos sin escrúpulos. Lo ha contado con detalle este diario. En Palma, la ciudad de los centros comerciales, las viejas tiendas de barrio sobran y ahora se alquilan en masa como viviendas, muy pocas veces en condiciones dignas y de forma legal, aprovechándose de la extrema necesidad de los ciudadanos, a los que se exigen rentas impensables y mucha discreción por cochambres oscuras. Paralelamente proliferan también como setas en los barrios de la ciudad lavanderías automáticas, porque en esas nuevas viviendas no hay lavadora o el inquilino no puede hacer frente a un incremento de la factura eléctrica. Un panorama muy desalentador a las puertas del invierno en el que se anuncia una crisis hipotecaria que dejará a muchos ciudadanos sin hogar.
