Estos días hemos conocido un nuevo acrónimo, se trata de ‘VAO’ cuyas siglas corresponden a vehículos de alta ocupación y designan un carril-bus segregado en la autopista de levante. Mucho se ha escrito en poco tiempo al respecto por lo que no es necesario describir parabienes ni inconvenientes, sin embargo, una mirada ligeramente lateral permite ahondar en el tema. Desde el punto de vista estructural, parece que el carril VAO es una medida económica, de implantación ágil, y fácilmente revisable o amortizable. Es un instrumento perfecto para —sin que apunte a que lo sea— desarrollar una experiencia piloto. Su pretensión de disminuir el tráfico de vehículos privados es loable e inevitable la confusión inicial. Entre las múltiples críticas se expone la falta de consideración de determinados colectivos, o de que no exista un planteamiento coordinado globalmente. ¿Qué ocurrirá cuando se reduzca el número de carriles del paseo marítimo? ¿Está previsto el efecto embudo? Esta carencia no resulta extraña en el tratamiento de la movilidad por parte de la Administración. Basta ver en concreto el peligroso diseño de muchos kilómetros de carril bici en Palma. El Consell se ha abierto a escuchar asociaciones de afectados. ¿Ahora? Dicen que a veces es mejor pedir perdón que permiso… Un cambio pragmático sí que ha supuesto la implantación del VAO. Esperemos que en aras al beneficio colectivo sean más permeables a las sugerencias de mejora que el ajuntament de Palma.
Por otro lado, resulta urgente intervenir en el modelo insostenible del transporte urbano e interurbano debido a la masificación y la contaminación que propicia. A lo largo de este año, una medida estatal «difícil de entender» ha sido subvencionar el combustible en veinte céntimos litro de forma lineal; a los ricos, a los pobres, a los turistas, a los transportistas o a los taxistas… En definitiva, a quien necesita mayor ayuda no le alcanza, y a quien no la necesita le sobra. Albañiles en Seat 600 y directivos en Maserati en el mismo plano. Esta muestra de gestión «fácil» —al contrario de la actuación insular— favorece la utilización del vehículo privado. La discriminación indirecta —predominante mal endémico— como sabemos trata injustamente igual a los desiguales, y en este caso, además de eludir la equidad, por añadidura aumenta la demanda energética en permanente conflicto mundial. Sí, que hay que valorar muy positivamente el avance en la gratuidad del transporte público.
En la misma órbita, el carril VAO también discrimina, solo que de forma positiva. Su beneficio es para determinados usuarios, pero presenta requisitos abiertos alcanzables para acceder a ellos, como es el hecho de ir dos o más personas en el turismo. Como todo, seguro que es mejorable, ahora bien, es una acción disuasoria materialmente valiente que empuja a compartir coche, poniendo la cuestión sobre «el asfalto». Replantearse la exclusión del transporte de mercancías o elevar a tres el número de ocupantes del vehículo, llegando a cuatro en los de más de cinco plazas, quizás rentabilizaría globalmente aún más la medida. Paralelamente, las infracciones de uso deberían conllevar la disminución de puntos del carnet de conducir. La penalización económica es irrelevante para algunas personas, que podrían considerar la multa como un peaje y asumirla sin mayor problema. La pérdida de puntos es otra cosa, tanto preventiva, como punitiva en vía penal si llegara el caso.
