Nos ha tocado vivir y convivir, aunque no a todos con la misma intensidad, unos momentos difíciles que nos afectan en los ámbitos personales, familiares, sociales, económicos y políticos. Consecuencias de las «soluciones» (?) de la crisis financiera del 2008; de la pandemia del Covid 19, que sigue dejando restos en el ámbito sanitario; de la «guerra» provocada por la Rusia de Putin que, con la pretensión de poner en jaque/ mate los valores de convivencia de la Europa política, tiene entre otras consecuencias los desajustes energéticos, la inflación de los costes de producción que afectan directamente a inputs macroeconómicos (incluidos pymes, autónomos… QG 425) y a las economías familiares especialmente a las clases medias (salarios, estabilidad profesional/laboral, acceso a la vivienda… QG 424).
La primera reacción ciudadana fue, sigue siendo, el desconcierto ante la amplitud y profundidad de la crisis. Pero tal incertidumbre y desconcierto está provocando un estado de ánimo repleto de crispación y polarización política y social. Un reciente sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pone de manifiesto que un 86% de los/as encuestados cree que hay «mucha» o «bastante» tensión política; a un 79,2% le preocupa «mucho» o «bastante» la crispación actual; y un 62,5% señala a los propios partidos y políticos como causantes y responsables de esta situación.
«El hartazgo es evidente y, cada vez más, se está exigiendo a los partidos que lleguen a acuerdos, a pactos de Estado, en aquellas cuestiones que son prioritarias y que más preocupan a la ciudadanía (desde el aumento del precio de la energía, pasando por la lucha contra la violencia de género o la transición energética, entre otras). Es difícil que se den las condiciones para recuperar la confianza perdida, cuando la moderación ya no es un valor y la confrontación y la bronca permanente son el pan de cada día. El deterioro del debate político y de la política es palpable y los síntomas que dejan constancia de que algo grave está sucediendo hace mucho que se manifiestan». (Antonio Gutierrez-Rubí).
Para Luis Miller, sociólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y vicedirector del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), «el principio general es que para que una democracia tenga salud y funcione bien lo más importante es que se acepte el resultado de las elecciones y los cambios de gobierno». Pero el Congreso de los Diputados y el resto de instituciones donde tienen lugar los debates políticos son los escenarios de discursos subidos de tono y cargados de insultos y reproches. A las propuestas políticas y socioeconómicas donde gobiernan mayorías progresistas (cfr. Balears), la oposición no responde con alternativas, llegando a considerar como «ilegitimas» tales mayorías.
«La globalización sin gobernanza política está generando inseguridad y miedo en amplios sectores de nuestras sociedades. Por sus consecuencias económicas, en forma de desigualdad social o simplemente de perdida de perspectivas de bienestar. Lo más importante y urgente es reducir el nivel de crispación, la polarización social y política, mediante la confrontación democrática. En las instituciones la palabrería no basta. Hay que proponer. Hay que decidir. Hay que votar. Hay que interactuar con los demás partidos. Hay que debatir. (…). Sólo sometiendo a la derecha (no sólo a Vox) a sus propias contradicciones y situándolas en el espacio institucional que les corresponde lograremos desmontar su proyecto autoritario, intolerante, ultraconservador y retrógrado (…). ¿Quién sale beneficiado de la crispación política? La derecha, y más concretamente Vox, que ofrece soluciones simples, acude a los caladeros electorales de la izquierda tal como ocurre en Italia y Francia. Acude al argumento pasional que activa a los hooligans propios y llena las redes sociales de descalificación» (La crispación política, ¿a quién beneficia?, A. Tarabini DM.21.01.2019)
Pero ¿cómo es posible que no valoremos positivamente las medidas de los gobiernos progresistas? No es sólo un problema de comunicación, que suele ser la excusa para todo fracaso. Es difícil encontrar un Gobierno con una artillería pesada de mensajes más atronadora: de las redes sociales a las series documentales, pasando por declaraciones a diario de la mayoría de ministros, repitiendo al unísono la expresión del día: clase media trabajadora, justicia social. La gente como mínimo lo intuye, pero desconoce las herramientas de acceso. No es sólo una conspiración: el Ejecutivo, con cierta razón, deja caer la existencia de un oscuro frente mediático-económico dispuesto para derrocarlo; pero a su vez no recuerdo Gobierno cuyas políticas anticrisis hayan recibido tantas muestras de apoyo de líderes de opinión tan diversos, de la extrema izquierda a Von der Leyen. Y tampoco es sólo un fallo de negociación: el electorado, incluso el socialista en lo más profundo de Castilla, entiende que no hay alternativa real a pactar con nacionalistas e independentistas.
La razón es más mundana y está en la naturaleza de la democracia: los ciudadanos no votamos por la política económica, sino por la situación socioeconómica. En primer lugar, la nuestra. En segundo lugar, cuando la economía crece, recompensamos al partido en el poder.
