La entrada en prisión de José María Rodríguez simboliza la lenta, pero implacable acción de la Justicia, con todos sus condicionantes. Procedente de Alicante, este instalador de cable de telefonía manejó los hilos del Partido Popular en Palma y llegó a ser secretario general de la formación, además de concejal, conseller de Interior, senador y delegado del Gobierno. Era un imprescindible en la cosecha de votos menos ortodoxa. Hoy ni siquiera se refieren a él como «ese señor del que usted me habla». Silencio absoluto sobre su ingreso penitenciario para cumplir tres años y medio de condena por camuflar con un falso encargo de la administración pública la contratación de la empresa Over Marketing y saldar así una deuda del PP en la campaña de 2003. Han pasado diecinueve años de aquella bacanal de propaganda política, simbolizada por el lápiz rojo de carpintero trabajador, que logró el realojo de Jaume Matas en el Consolat y dio paso a la legislatura del ladrocinio, marcada por los escándalos de corrupción que más tarde conducirían al expresidente y a decenas de políticos del PP y UM a la prisión. Trabajaron mucho, pero para ellos.
Transcurrido todo este tiempo, le ha llegado la hora al escapista José María Rodríguez, quien ha esquivado los numerosos procesos judiciales en que se ha visto inmerso, salvo éste de la caja B del PP, con ramificaciones en diversos puntos de España e investigado en Balears por el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach. Su rastreo permitió aflorar comportamientos delictivos merecedores de condena, pero su ejecución se ha demorado años, en parte por dilaciones indebidas por parte de la Audiencia Provincial y del Supremo en la tramitación de los recursos de un asunto nada complejo. La lentitud ha jugado a favor del reo en forma de atenuante y aleja el propósito ejemplarizante de la Justicia. En el PP de Marga Prohens, a quien el ingreso en prisión de Rodríguez le ha pillado con una oportuna agenda en Bruselas y Andalucía, todo esto se despacha como arqueología política. Sin embargo, el asunto tiene efectos en el presente por el singular proceder del condenado, bien asesorado por abogados de elevada minuta. Rodríguez no ha ingresado en una prisión al uso, sino en el Centro de Inserción Social (CIS), con un régimen penitenciario más flexible, propio sobre todo de quienes gozan de tercer grado, que hacen vida normal y solo ingresan para dormir. Con esta opción de internamiento, pretende acelerar la consecución de ese estatus, alegando ser un delincuente primario, su avanzada edad (75 años), el cuidado de su esposa, el tiempo transcurrido y la devolución del dinero: 9.000 euros él y 3.000 el PP. Antes de recoger el auto de prisión, Rodríguez se entrevistó con la Junta de Tratamiento que evaluará si se le concede el tercer grado, una deferencia inusual entre los penados. Rodríguez mantiene viva su impronta y es capaz de reconocerse culpable, como acaba de hacer ahora, por primera vez, al solicitar el tercer grado, y al mismo tiempo recurrir al Constitucional por vulneración de derechos. Todo muy singular.
