Estos últimos días está de actualidad la situación de crisis que se ha generado en el pacto que gobierna el Consell Insular de Mallorca como consecuencia del acuerdo con el RCD Mallorca para que el campo de fútbol ubicado en Son Moix se denomine Visit Mallorca Estadi. El acuerdo de patrocinio, en el que también participan el Govern y el Ayuntamiento de Palma, conlleva el pago de 1,8 millones de euros a la entidad deportiva.

Según las informaciones aparecidas, los hechos son los siguientes: mediante un acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación Mallorca Turismo -dependiente del Consell Insular- se aprobó ese contrato de patrocinio, acuerdo que se adoptó con los votos a favor de los representantes del partido socialista y los de la oposición, mientras que los socios del gobierno insular -Més y Podemos- votaron en contra. Ello generó el posterior revuelo y reuniones de los dirigentes de los partidos, tras las que se ha anunciado que la situación iba a reconducirse y que se «revocaba» el acuerdo para, manteniendo el compromiso con el RCD Mallorca, desligarlo de la promoción turística y estudiar de qué modo podía materializarse (?). Entretanto, siguen las manifestaciones de los dirigentes sobre este tema, que revelan que la situación no está definitivamente resuelta, sino en cierto impasse.

Con independencia de la opinión que cada uno pueda tener respecto a si es conveniente o no que las entidades públicas patrocinen clubs deportivos de carácter privado y si es necesaria o no más promoción turística de Mallorca, y sin efectuar un análisis de los contratos de patrocinio en los que intervengan administraciones públicas -lo que daría para un estudio bastante más extenso que este breve comentario-, lo cierto es que sorprende que se hable de revocar acuerdos adoptados y de estudiar la situación «a toro pasado» (esto es, cuando ya se ha adoptado el acuerdo de patrocinio y no antes).

Parece que no se tiene en cuenta aquí que las administraciones públicas -y tanto el Consell Insular como la Fundación lo son- no pueden revocar por motivos de oportunidad los actos administrativos que hayan sido previamente adoptados, como es el caso, en que el órgano de gobierno de la Fundación adoptó el acuerdo al que nos referíamos al principio. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común (artículos 106 y siguientes), únicamente cabe revisar de oficio los actos nulos o anulables y revocar los actos de gravamen o desfavorables, y siempre cumpliendo determinados requisitos y trámites. En este caso, se trata de un contrato que involucra a un tercero, cuyos derechos nacieron mediante el acuerdo adoptado por la entidad pública, de forma que no cabe una pura y simple «revocación» del estilo de la que se alude en las declaraciones de los dirigentes que han ido apareciendo en la prensa, sino que la cuestión presente más vertientes (legales e incluso económicas) que las puramente políticas o de oportunidad.

Da la impresión de que todos ellos hayan olvidado que los principios de legalidad y de seguridad jurídica deben regir la actuación de los poderes públicos, lo cual es muy preocupante, y, en mi opinión, es lo más grave de toda esta situación (que no deja de ser una tormenta en un vaso de agua, claro). Conviene tener presente que en un estado de derecho no cabe que las decisiones administrativas se adopten al margen de esos principios, incurriendo en caso de arbitrariedad, proscrita por nuestra Constitución.