Los poderes públicos están para tutelar la vida y los derechos de las personas. No vivimos en un mercado privado en el que todo está cosificado con una tarifa, desigual claro, porque un riñón asiático cuesta menos que uno europeo.
Sin entrar en derivas delictivas, la mercantilización de la integridad física se abre camino con una normalidad propia de las organizaciones preestatales, cuando Hobbes reclamaba desde el absolutismo un poco de orden para vivir en paz. La aceptabilidad de acciones como la compra de vientres de alquiler, llamémosle gestación subrogada que parece menos intrusivo, no es más que asumir que alguien con dinero tiene la potestad sobre el cuerpo de otra persona, mujer, y en una situación de desventaja económica de la que te aprovechas. La trata de mujeres para su prostitución en ese terreno alegal en el que nos encontramos desde el principio de los tiempos no ha sido reconvertida a medida que nuestro Estado pasaba de liberal a democrático y a social de derecho. El dinero compra no el esfuerzo de nuestro trabajo, sino a nosotros mismos, a nosotras, para ser más exacta.
Seis mil euros por perpetrar una violación y una paliza, esa es la condena por un acuerdo entre la Fiscalía, la víctima y la defensa del agresor, ante la retirada en el procedimiento penal de la mujer agredida. Las justificaciones de la decisión final no parecen admisibles, ni cómo un proceso de conformidad entre las partes puede operar en un delito de estas características, ni los atenuantes por reparación y confesión tardía. Algo falla, cuando además venimos del precedente de los dos policías que violaron a una chica de 18 años y han evitado la cárcel tras un mismo modelo de pacto entre la Fiscalía y las partes a cambio de un curso de educación sexual. No es entendible que un acuerdo entre aparentemente iguales, cuando las distancias son tantas, resuelva así el delito. ¿Las víctimas estaban en una situación de libertad y empoderamiento para decidir acordar con su agresor y el operador jurídico que no seguían hacía delante, que se rendían en el acuerdo? ¿Estamos otorgando la tutela suficiente a los que más lo necesitan? No sé si sería entendible esta resolución para otros tipos de delitos con los que todos nos escandalizamos. El daño que se inflige no es solo a las personas afectadas sino a la percepción de que la violencia contra las mujeres es un delito menor, que nuestra integridad física es menos valiosa que la de los hombres, y que el dinero lo compra todo, la humillación, la sumisión, el desgarro moral de tener que aceptarlo intentando recomponer tu vida de nuevo.
