El Tribunal Supremo ha dictado sentencia, ratificando la decisión de la Audiencia de Andalucía. Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Gruñan, han sido condenados, por conocer y tolerar y participar, directa o indirectamente, en el desfalco de 680 millones de euros públicos, aprovechándose de un sistema que implantaron para subvencionar los expedientes de Regulación de Empleo -ERE-. También han sido condenados cuatro exconsejeros, varios viceconsejeros, directores generales etc. Esta corrupción organizada estuvo operando libremente durante más de diez años. José Antonio Griñán, durante este periodo, fue además consejero de Hacienda, consejería por la que pasaron una ingente cantidad de fondos públicos y desde ella fueron distraídos millones de euros por un nutrido grupo de altos cargos, a través de gastos ficticios y desviados a organizaciones afines, amigos, familiares…
Es difícil pensar, tratándose de 700 millones de euros, que fuesen tan incompetentes como para no ser conscientes de que lo que estaban haciendo era defraudar al erario público. En definitiva, que estaban cometiendo una malversación de recursos estatales en toda regla.
El sistema fraudulento del desfalco organizado impidió que trabajadores y empresas que realmente eran merecedoras de estas ayudas tuvieran acceso a ellas. Tanto Griñán como Chaves pueden decir lo que quieran, pero es imposible que tal cantidad de millones y durante tantos años, se defraudasen sin consentimiento o por lo menos sin conocimiento, cuando además la Intervención General de la Junta estaba advirtiendo reiteradamente que el sistema de reparto que seguían, cuanto menos, era oscuro e ilegal. Se pagaban gastos ficticios, inexistentes, desde el gobierno andaluz, probablemente sin justificación. Sin entrar en detalles, que espeluznan, sí conviene recordar que el hermano del expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla recibió 8,4 millones del sistema organizado.
Proclamar ahora, como hacen varios dirigentes socialistas, entre ellos Pedro Sánchez, que ni Chaves ni Griñán se llevaron un céntimo resulta irrelevante y hasta grotesco. Tampoco vale asirse a que hubo dos votos discrepantes en el Tribunal, -la mayoría es la que sentencia-. En cualquier caso, en cuanto al delito de prevaricación hubo en la votación unanimidad de todos los magistrados. El Tribunal Supremo en su sentencia deja clara la corrupción imperante y el descontrol del dinero público, por parte de los responsables de la Junta andaluza. La ministra Pilar Alegría, en su primera intervención como portavoz del PSOE, ¡menudo marrón le ha tocado!, ha dicho textualmente que «defiende la honorabilidad y honestidad» de Chaves y Griñán, porque «nunca se han llevado ni un céntimo de euro a sus bolsillos». Por lo tanto, en este caso «puede decirse que pagan justos por pecadores» y «esto es concluyente» (¿?). Lo único concluyente, Sra. ministra, con esta explicación que nos ha regalado, es su propia memez Sra. portavoz.
Estas declaraciones exculpatorias son el preludio de una clara intención del Gobierno Central de proceder a indultar a los condenados, intentando confundir y preparar a la ciudadanía para el indulto, pasando por alto que en este país existe un principio moral, no escrito, por el que ningún gobierno aplica la potestad de conceder indultos en casos de corrupción.
