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Diario de Mallorca

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Antonio Papell

La Transición: crítica y defensa

La Transición fue una obra prodigiosa realizada por una sociedad como la española, que en 1975 había ya había madurado a pesar de la dictadura franquista, y que dio lugar a una fecunda reconciliación que desembocó en la Constitución de 1978.

Este escribidor —perdón por la autocita— no tiene que demostrar su simpatía por aquel proceso de construcción de un régimen nuevo ya que su opinión quedó plasmada en un libro relativamente reciente, Elogio de la Transición (Akal, 2016), aparecido después de que algunas formaciones políticas nuevas, seguramente acaloradas por las hormonas juveniles, trataron de desacreditar radicalmente aquella operación política que sorprendió al mundo.

Sin embargo, los merecidos elogios a la transición y a quienes la llevaron a cabo, con el rey Juan Carlos y el presidente Adolfo Suárez a la cabeza, sin olvidar a los líderes de todos los partidos democráticos y a un sinnúmero de representantes de las elites sociales que remaron en la misma dirección, no pueden ocultar las carencias serias del proceso ni determinadas deficiencias que no se resolvieron en su momento y que todavía hay que subsanar.

El quid de la polémica podría centrarse en la Amnistía de 1977 (ley 46/1977, de 15 de octubre), que estableció que quedaban amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, delitos que entre los que se encontraban actos políticos, rebelión, sedición —incluidos los delitos y faltas cometidos a consecuencia de ambas— y denegación de auxilio cometidos antes del día 15 de diciembre de 1976, fecha de ratificación en referéndum de la Ley para la Reforma Política. De igual forma, también amnistiaba a las autoridades, funcionarios y agentes del orden que hubieran cometido delitos o faltas durante la persecución de actos políticos o hubieran violado «los derechos de las personas».

Un sector de las fuerzas democráticas, y no solamente de la izquierda, ha sostenido con vigor la tesis de que esta Amnistía es una iniquidad con la que los franquistas consiguieron eludir sus responsabilidades por la guerra civil y la dictadura. A favor de su idea, está la evidencia de que organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han solicitado reiteradamente su derogación ya que la referida ley impide perseguir delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición y torturas cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, a pesar de que el Derecho Internacional los considera imprescriptibles. En febrero de 2012, Navanethem Pillay, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió formalmente a España la derogación de la ley, argumentando que incumplía la normativa internacional sobre derechos humanos.

Sucede sin embargo que a).-La Amnistía no fue una coartada de los representantes del franquismo sino una exigencia firme e irrenunciable de toda la oposición democrática, que, generosamente, estaba dispuesta al olvido recíproco de las afrentas. Y b).-Cuando se promulgó la Amnistía, el Derecho Internacional ya había formalizado tal imprescriptibilidad, que se estableció mediante la «Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad», adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968, y que entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. Sin embargo, aunque la norma rige desde que la ratificaron diez países miembros de la ONU, no se ha adherido a ella ninguno de los estados comunitarios, salvo los de la antigua órbita soviética, y su aplicación en España es imposible porque tropezaría con la irretroactividad de las normas penales que establece la Constitución: solo la reforma constitucional permitiría reactivar una responsabilidad penal ya extinguida.

La ley de Memoria Democrática salva en principio este escollo: mantiene la ley de Amnistía, resuelve los problemas aun no solucionados por la ley de Memoria Histórica —el rescate material de las víctimas del franquismo, la cancelación de sentencias inicuas— y entierra ideológicamente la dictadura, declarando su ilegitimidad. La Transición conserva su esencia pero nuestra historia se desliga del autoritarismo. Es difícil no estar de acuerdo.

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