Sale en todos los manuales de gestión pública. En la economía, sin competencia empresarial efectiva, ninguna regulación puede hacer buena la economía de mercado. El mejor de los propósitos públicos puede ser tergiversado por los agentes económicos conjurados. Cuando una administración pública cree que la eficiencia se consigue cumpliendo el procedimiento, la trampa del juego permanece abierta: la coartada de la legalidad como propósito único de la asignación de los recursos públicos fija un terreno abonado a los proveedores para desfigurar las reglas. Y como en esto les va el bolsillo, emplean recursos suficientes para asegurar el rendimiento de este esfuerzo. No sé, por tanto, por qué sorprende que en una economía como la española, tan fuertemente cartelizada, de vez en cuando se descubran conjuras para alterar el precio de las cosas. Ya lo decía Keynes: ojo cuando los capitalistas se encuentran entre ellos, ya que a poco que nos descuidemos supeditarán el interés público al de su cartera. Y si confrontan la administración pública bajo reglas laxas, el resultado es predecible.
No parece haber costado demasiado que unos pocos en situación de dominio, ahora las constructoras, antes el transporte escolar o las eléctricas, no hayan dudado en repartirse el mercado de la obra pública. Así, los supuestos líderes de la competencia la falsean, aunque los contrarios al mercado creen que el chanchullo es resultado del liberalismo competitivo, cuando en realidad se debe a la falta y no al exceso de competencia efectiva. Denigran estos el liberalismo cuando a una economía como la nuestra, en su caso, lo que le falta es una buena dosis de este. Lo que sí sorprende es que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) haya podido acumular ahora pruebas robustas suficientes (sobre la base a menudo de las denuncias anónimas de las empresas marginadas) y se atreva ante un juez a pedir sanciones, aunque desde la incertidumbre de si acabarán pagándose. Sabemos que los afectados moverán abogados y lobistas con ganancias de terceros, buscando elevar al infinito la duración de una resolución que, en todo caso, tendrá componentes aleatorios. Contradice esto la intuición de que la mejor sanción, que ahora no permite la regulación, sería interrumpir la posibilidad de que se pudieran presentar los afectados mientras tanto a nuevos concursos.
Esta vez parece que la CNMC ha pillado a las constructoras que representan al 70% del sector de la obra pública. El protagonismo de la conspiración, por lo de no identificar a un solo causante, lo asumían entre ellas por turnos. Se repartían quién iba a cada puja, entrando con precios más o menos altos, y asegurándose así el resultado para distribuirse después trabajo y ganancias. Tal cual sale en los libros. De manera similar es de manual que la empresa interesada, una vez anunciado el proyecto y de forma previa a la licitación, gaste todo el dinero necesario para ver qué agujeros presenta el concurso público de la obra licitada (no recoge suficientemente una normativa comunitaria o un detalle técnico lo hace cuestionable) y así, una vez descubiertos, quiera participar en el concurso a precio reventado, y una vez ganado, hacer aflorar la deficiencia para pedir consecuentemente (tendrán derecho) una revisión completa a nuevos precios por costes «sobrevenidos». Gastar en ingenieros, tecnólogos y abogados para cargar después todas las diferencias a un sobreprecio superior.
Queda finalmente pendiente la cuestión de la efectividad de las sanciones. Parece que las multas anunciadas ni se concretan en la realidad por sus cuantías ni dejan de ser un coste más adicional a repercutir en nuevas transacciones. La más dura de las sanciones sería quizá la de la inhabilitación de los principales responsables encausados. Privación de la posición directiva, impacto reputacional y pérdida de derechos indemnizatorios. Sin embargo, el coste de las multas dinerarias, incluso de las que se paguen, es probable que incidan en los consumidores: sin competencia entre aquellas empresas, la fijación de precios fuera del mercado se lo permite (más comisiones, mayor centrifugación de costes hacia los usuarios). De modo que el problema es que la falta y no el exceso de competencia es lo que les permite estos comportamientos; no la existencia de ese mercado liberal competitivo que tanto desagrada a algunos.
