Con el lema ‘Juntos hacia un futuro sostenible’, la semana pasada se celebró el VIII Congreso Nacional de Cooperativas Agroalimentarias de España en Toledo. Una cita imprescindible para el sector agrario a nivel nacional, que contó con la participación de una delegación de 10 personas de las Islas Baleares, y a la que tuve el honor de asistir como invitado por la organización. Justo al día siguiente 2 de julio, celebramos el Día Internacional del Cooperativismo. El cooperativismo agroalimentario en España goza de muy buena salud. Son 3.699 cooperativas, el 66% de la producción final agraria, el 26% de la facturación de todo el sector agroalimentario, 15% de la exportación agroalimentaria de España, y detrás tenemos 1.200.000 socios y socias cooperativistas, que son el alma de este motor.

A pesar de lo que para mí es evidente, justo el día antes de marchar a Toledo tuve que responder a la pregunta que me hacía una empresa respecto a las razones de por qué en las distintas convocatorias, damos más puntos o mayor intensidad de ayuda a los proyectos que se presentan por parte de cooperativas agrarias o agroalimentarias. Que sepan los lectores que así es. Las cooperativas tienen en general 10 puntos más en la baremación de los proyectos, y dependiendo de si son de primer o segundo grado, hasta un 20% más de subvención que otro tipo de empresa. No es la primera vez que me hacen esta pregunta. Partiendo por supuesto del respeto a las diversas opciones y formas empresariales, estas preguntas representan una oportunidad para dar razón de las opciones por el cooperativismo agrario, y en este caso, me ha parecido oportuno hacerlo públicamente.

Empezando por el final. Tenemos un marco legal que apoya el cooperativismo de manera especial. El artículo 129 de la Constitución dice que los poderes públicos promoverán eficazmente a las sociedades cooperativas. La ley 27/1999 de 26 de julio de Cooperativas dedica todo su Título II a la tarea de interés general, de promoción, estímulo y desarrollo de las sociedades cooperativas y de sus estructuras de integración económica y representativa. Por nuestra parte, la ley 1/2003 de Cooperativas de las Islas Baleares, en los artículos 144 y 145 establece medidas concretas para el apoyo del cooperativismo y finalmente, la Ley 3/2019 Agraria de las Islas Baleares está repleta de referencias al cooperativismo. La puntuación en las subvenciones es una fórmula bien concreta y práctica.

Pero aquí viene lo importante. Tenemos este marco legal porque con él respondemos a unas razones de fondo. Las cooperativas en el campo nacen como una forma de democratizar la economía agraria. Es una fórmula mutualista en la que un conjunto de agricultores y agricultoras deciden poner en marcha una empresa, y desarrollar en común, una, varias, o todas las tareas y funciones de la cadena de valor. Desde poner en común la tierra y la producción, comprar los insumos de manera más ventajosa, dar servicios de asesoramiento, impulsar la transformación de los productos agrarios y, cómo no, comercializar conjuntamente mejorando su posición en la cadena de valor y fortalecer su poder negociador. La cooperativa permite distribuir los riesgos de forma compartida y, por lo tanto, cuando vienen mal dadas las pérdidas se reparten de forma justa, y cuando vienen buenas, los beneficios también se distribuyen de forma justa. El presidente de una cooperativa de Mallorca siempre me dice una frase que me encanta por lo que resume. «La cooperativa debe ser la mejor de las opciones posibles que tiene un agricultor o agricultora para vender sus productos». El modelo ha cambiado en los casi 150 años de historia y para que la frase sea hoy realidad, aspiramos a un modelo cooperativo empresarial, rentable, competitivo, profesionalizado, generador de valor, de una dimensión relevante, que responda a las demandas sociales y que contribuya a la sostenibilidad del sector agroalimentario. Para ello, las claves son: Un Consejo Rector cohesionado y que funciona con una visión económica y social de futuro, capacidad de formular una estrategia adecuada al contexto que nos toca vivir y gerencia empresarial. A estos ingredientes hay que añadirle una esencia, mucha democracia, porque, sin duda, otra de las razones de fondo está en que «las cooperativas son auténticas escuelas de democracia».

Cuando todo esto se cumple, surge el milagro y se producen hechos económicos singulares como la pervivencia a lo largo de los últimos 122 años de la Cooperativa Agroalimentaria de San Bartolomé de Sóller. Una cooperativa capaz de adaptarse y crecer a lo largo del tiempo y adecuando sus estrategias porque como siempre digo. «El cooperativismo es el mejor invento que ha tenido el sector agrario a lo largo de su historia».

Por cierto, el cooperativismo agroalimentario de Islas Baleares también goza de buena salud. Pueden ver en sus memorias como crece anualmente y hoy son 32 cooperativas, con 7.388 socios y socias, y una facturación de 82.887.572 euros. El milagro de la economía social funciona.