Con la sentencia absolutoria de los doce acusados del caso confeti, la Audiencia de Palma, además de dar una lección magistral sobre la libertad de expresión, ha salvado la erosionada credibilidad de un sistema que nunca debería haber permitido que llegara a juicio este esperpento alentado desde determinados ámbitos de la Policía Nacional y de la Fiscalía. «Una sociedad democrática no puede criminalizar el sobresalto. (…) El derecho a no ser molestado mientras se cena en un restaurante no puede primar sobre el derecho a protestar pacíficamente, aun cuando se emplee humo, bengalas, confeti y pancartas», concluyen los magistrados Juan Jiménez, Raquel Martínez y Cristina Díaz, sobre la manifestación de quince minutos contra la masificación turística convocada por Arran el 22 de julio de 2017 en el Moll Vell de Palma. Si los agentes que intervinieron ese día realizaron el pertinente atestado y apreciaron que «no se practicaron actos violentos sobre personas o cosas, no se amenazó a nadie», ¿a qué afán obedece el empeño de la Jefatura Superior de Policía por reabrir la investigación mes y medio después con tan calamitoso resultado? Cinco años después, no se puede ir a juicio con un banquillo que hace aguas por todas partes, lleno de jóvenes que ni si quiera estaban en el lugar de los hechos. No se puede mantener una petición de 29 años de prisión -rebajada a 26 al excluir ‘in extremis’ al periodista que cubría el acto- por una protesta que no generó ningún riesgo, según los policías allí desplazados. Esto no puede pasar en el país que acoge la cumbre de la OTAN para aleccionar a Putin sobre libertad y democracia.
Para los magistrados, la inexistencia de delito «no quiere decir que el acto, en las condiciones en que se realizó, merezca la aprobación del ordenamiento jurídico», pero subrayan que el reproche corresponde al ámbito administrativo, no al penal. Estas sobreactuaciones han irritado a sectores progresistas y nacionalistas, que denuncian un sesgo intencionado en estructuras garantes del Estado de Derecho. Esta semana el Pacto ha cerrado filas en defensa de Neus Truyol, la concejala de Modelo de Ciudad del ayuntamiento de Palma, para la que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por delito ecológico a causa de los vertidos de Emaya en la Bahía de Palma. Aunque esta derrama tóxica con efectos letales para el medio marino viene produciéndose desde finales del milenio pasado por unas infraestructuras obsoletas y saturadas y la desidia de muchos en Palma y en Madrid, el foco de la Fiscalía se ha centrado exclusivamente a la etapa de Neus Truyol al frente de la empresa municipal y en un periodo muy estrecho, de noviembre de 2016 a septiembre de 2018. Sorprende que en un asunto de esta envergadura y dificultad no se conceda ni el mandato. Sorprende más todavía que esta imputación llegue cuando están a punto de concluir las obras del tanque de tormentas y del colector que impulsó Truyol y que reducirán drásticamente esos vertidos.
