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Diario de Mallorca

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Luis Sánchez Merlo

Indra, segundo asalto

La sociedad moderna no funciona sin controles y balanzas. La ‘rebelión’ de los consejeros independientes de Indra, en defensa del gobierno corporativo, buscaba el respeto a la regla de buena gobernanza, consistente en que los independientes no queden en minoría en una sociedad del Ibex, como también reclaman los fondos internacionales.

«El consejo de administración tendrá una composición equilibrada, con una amplia mayoría de consejeros no ejecutivos y una adecuada proporción entre consejeros dominicales e independientes, representando estos últimos, con carácter general, al menos la mitad de los consejeros».

En el primer asalto, el actual presidente —nombrado el pasado año, a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para reemplazar a Abril-Martorell— encontró la oposición de los independientes, lo que le llevó a renunciar a poderes ejecutivos, quedándose con una encomienda institucional.

Hasta la tempestuosa Junta de Accionistas, los independientes eran mayoría en el Consejo de Administración, hasta que el Gobierno —a través de la SEPI—compró acciones superando el 25% del capital y dando acceso al Consejo al candidato de SAPA Placencia —grupo vasco proveedor del Departamento de Defensa— y al que fue portavoz económico parlamentario socialista.

Se producía un empate que solo se podría romper —a favor del Gobierno— con el voto de calidad del presidente procedente del vivero de los socialistas catalanes. De esta manera, el cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la sociedad quedaba cercenado al mantener el presidente de Indra —a propuesta del Ejecutivo—su voto de calidad.

El fondo activista (contra el amiguismo en los consejos de las cotizadas, critica la falta de conocimientos de los consejeros) Amber Capital, nuevo accionista —con una participación del 4,18%, adquirida este mismo año— hizo una propuesta sorpresa, instando la inclusión en el orden del día de la junta de accionistas, del cese de cuatro consejeros independientes. Precisamente los considerados rebeldes por el Gobierno, ante su intento de controlar la compañía sin lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

El espectáculo, con desgaste para el Gobierno, se vio compensado con la toma del control de una empresa cotizada del Ibex, al conseguir que resultaran elegidos los nuevos consejeros que pretendía, la deposición de los rebeldes y evitar la reelección de otra independiente que, falta de apoyos, se quedó fuera del Consejo.

Tras cumplir doce años en el cargo, el coordinador de los independientes, vicepresidente de Indra y ex Andersen, había aceptado dejar su puesto por final de mandato y en vísperas de la junta se desprendió de su paquete de acciones, lo que le reportará casi 600.000 euros.

Tras acusar al Gobierno de formar una alianza para vulnerar el código de buen gobierno y llevar a Indra a una «situación absolutamente anómala», anticipó que «La escandalera que va a crear es monumental»

……

La sorprendente estrategia del Gobierno que ha permitido al bloque Sepi-Sapa-Amber, no sindicado, hacerse con el control del Consejo de Indra —¿operación concertada? —ha alertado a los inversores y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargada de vigilar el comportamiento del mercado y las compañías cotizadas. Según su presidente, «llamativo» y «preocupante».

Quedan pendientes de aclarar los pormenores del cese de los consejeros involucrados. La recomendación 24 del Código de Buen Gobierno insta a los independientes: a trasladar, a las cotizadas, su opinión sobre el contexto y los motivos de su cese; y a las compañías: la puesta a disposición de los accionistas de ese parecer, a la mayor brevedad posible.

Según versados analistas; en la empresa que cuenta con más de 52.000 empleados, presencia local en 46 países, operaciones comerciales en más de 140 países, y unos ingresos el pasado año de 3.390 millones de euros; se abren muchas incertidumbres: la capacidad de gestión del nuevo equipo directivo, la idoneidad de realizar adquisiciones y la posibilidad de que la CNMV obligue a la SEPI a lanzar una OPA por el 100% de la compañía.

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¿Qué intereses subyacen a lo que algunos consideran una acción concertada por varios accionistas (34%), incitada por el propio Gobierno?

El Gobierno, que va a por todas —acomodando amigos y despidiendo a consejeros que no controla—en la preparación de su invierno electoral, raposeó a los consejeros independientes, para poder echarlos después por sorpresa. Y controla Indra, si bien con su asalto espantó a los inversores y la participación del Estado perdió más de 90 millones de valor en menos de 24 horas.

La Sepi, según el plan trazado en 2020, estaba llamada a asumir el rescate financiero de empresas consideradas estratégicas y el riesgo de quiebra, no a rematar la conquista de compañías solventes, dedicadas a sectores tan sensibles como los que tiene Indra en cartera. Rescate y conquista comparten el mismo campo semántico, de carácter bélico, pero quieren decir cosas distintas.

Amber Capital. Primer accionista (29%) del mayor grupo editorial español, al tiempo que ostenta la presidencia no ejecutiva. En 2017, con motivo de otra ‘rebelión’ en el grupo, cesó de manera fulminante a cinco consejeros y no dio ningún tipo de explicación al mercado, porque el Código de Buen Gobierno del supervisor contaba con un ‘vacío legal’. Gracias a una trabajada relación, el presidente francés, de origen armenio, se ganó la confianza del poder monclovita, “nos come en la mano desde que le ayudamos a tomar el control de Prisa”, clave para expulsar a los rebeldes.

Sapa Placencia. Grupo familiar vasco, que depende de los pedidos del Ministerio de Defensa. Entró en diciembre del año pasado en el accionariado de Indra, mediante un pacto con el Gobierno.

Queriendo afianzar el apoyo de los nacionalistas vascos, el Gobierno sugirió que Indra comprase la empresa ITP, fabricante de motores de aviación, de la que Sapa adquirió una participación hace unos meses. Los incorregibles independientes, consideraron que la operación era inviable y poco interesante.

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Si se hubiese producido —como resultado de una conjunción de intereses— una acción concertada de varios accionistas, para la eliminación de cinco consejeros independientes, críticos con la gestión del Gobierno, en vistas a controlar Indra —multinacional estratégica española, relacionada con proyectos internacionales de defensa y los recuentos electorales— sin lanzar una Oferta Pública de adquisición de Acciones (OPA); el grupo que tiene el 34% del capital estaría obligado a comprar el 100%.

Todo esto ocurre, vaya por Dios, qué casualidad, en vísperas de la cumbre de la OTAN en Madrid, donde, además de Ucrania, se va a hablar de presupuestos de defensa.

Mientras calientan para saltar al campo, los purgados advierten: «Nos han engañado, pero esto no va a quedar así».

Nota Bene:

1- Indra recuenta los votos, se limita a leer las actas de cada mesa electoral y enviar la información. Lo que hace no tiene ningún valor legal, solo informativo. Los resultados los controla el juzgado.

2- Las actas tienen tantas copias como cada partido político solicite; una por apoderado; otra para la Junta Electoral Central (JEC) y otra para publicar en el colegio electoral. En las actas hay que reflejar: votos válidos, nulos, lista de votantes y todas las incidencias que se presenten.

3- Los resultados de la noche electoral no son los definitivos, solo lo son los del miércoles siguiente, cuando se publican las actas físicas de todas las mesas electorales en cada junta electoral. Esas actas van firmadas por los presentes en las mesas.

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