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Antonio Papell

Esade: impuestos y desigualdad

Los métodos más habituales para medir la desigualdad y la redistribución de la renta en un país se han basado hasta ahora en las encuestas de hogares, que plantean problemas de fiabilidad; ello ha llevado al economista Piketty y a un grupo de colaboradores a elaborar las llamadas Cuentas Nacionales Distributivas, al amparo del World Inequality Lab. Y a partir de estos estudios, Esade ha realizado los primeros trabajos sobre desigualdad en España aplicando dichos métodos, por lo que ya se han publicado algunas conclusiones de sumo interés en que los autores combinan datos fiscales, encuestas y cuentas nacionales para construir series sobre la distribución de la renta nacional antes y después de impuestos, transferencias y consumo público. Los firmantes del análisis de Esade son Miguel Artola, Clara Martínez-Toledano y Alice Sodano.

El estudio es complejo y será sin duda útil a muchos estudiosos del problema de la desigualdad, que ha adquirido relevancia en los últimos tiempos porque estamos ante un asunto que hasta hace poco tenía un valor eminentemente ético y político, pero ahora lo tiene también económico: es un hecho incontestable que la productividad crece cuando la integración social aumenta y se reduce la desigualdad. Por ello, es pertinente destacar tres conclusiones del estudio, debidamente argumentadas, que son las que recomiendan los propios autores.

En primer lugar, es fundamental incrementar el carácter redistributivo del sistema fiscal, tras una pérdida que se debe sobre todo a la caída de la recaudación del Impuesto de Sociedades. El estudio informa de que «el 0,01% más rico pagaba impuestos por valor de un 29% de su renta en 1999, y este porcentaje aumentó hasta el 40% en 2007, para volver a caer hasta el 27% en 2019». La caída no se debe a la evolución de la economía en el periodo sino a la propia estructura del Impuesto de Sociedades, que debe reformarse, subiendo tarifas y reduciendo exenciones y desgravaciones.

En segundo lugar, el estudio demuestra que «los impuestos y transferencias corrigen la desigualdad pero no son suficientes, porque una gran fuente de desigualdad aparece antes de la distribución. Por eso, no basta con las políticas fiscales para recuperar la tendencia igualitaria: es preciso recurrir a políticas predistributivas, previas al posterior reparto fiscal». En el caso español, además, «la progresividad del sistema fiscal ha caído desde la crisis financiera de 2008», por lo que «os patrones de desigualdad no varían sustancialmente a través de la acción redistributiva del Estado».

Quiere decirse, en fin, que endurecer el sistema fiscal, con los inconvenientes que ello tiene sobre la actividad y el empleo, es mucho menos eficaz que combatir directamente las carencias de los sectores de menor renta, especialmente a través de dos políticas predistributivas de alcance general: «mejorar las políticas educativas para cerrar las brechas existentes, así como avanzar hacia la reducción del elevado desempleo y de la temporalidad para mejorar los ingresos de las rentas medias y bajas». Además, se recomienda «modificar el modelo productivo para fomentar la inversión en sectores en los que España tiene una ventaja comparativa, como por ejemplo el sector de las energías renovables, así como diseñar políticas que permitan a los sectores estratégicos tradicionales, como el turismo y la agricultura, generar mayor valor añadido por vía, por ejemplo, de las nuevas tecnologías».

Como resumen de estos novedosos planteamientos, puede resumirse el análisis de Esade en una idea simple: hay que recuperar, al menos, la presión fiscal anterior a la crisis para que el Estado pueda satisfacer los compromisos que le incumben, y ello debería conseguirse sobre todo recuperando la capacidad recaudatoria del Impuesto de Sociedades. Para, a continuación, orientar el esfuerzo hacia el fortalecimiento del sistema educativo y de las políticas activas de empleo.

Es, en fin, como proponer que el ascensor social sea fruto de unos grandes servicios públicos de calidad –incluidos el servicio público de la educación y el servicio de empleo- más de que de una redistribución directa más intensa de la renta.

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