La ola de calor extremo, ha precipitado el inicio de la temporada de incendios forestales en España con una enorme virulencia. Escribo este artículo sobrecogido por las imágenes que me llegan de la Sierra de la Culebra en Zamora. Me duele en el alma Castilla y León y me imagino la rabia, impotencia y desolación de los vecinos y vecinas de todos los pequeños pueblos de la zona. Pido a los lectores que imaginen lo que podría llegar a ocurrir, de producirse uno de estos incendios de sexta generación en la isla de Mallorca o en Ibiza. Nunca he logrado entender que le sucede a este país con la política forestal, o mejor dicho, con la ausencia de política forestal. Por la impotencia que me asola como castellano y leonés y de pueblo, pero sin salirme del objetivo de esta tribuna, me parece oportuno dejar mis notas a modo de reflexión para quien nos toca directa o indirectamente este tema Baleares.

En primer lugar. Uno de los factores en la propagación de los incendios forestales está en el abandono de la gestión del territorio, y por ende, en la despoblación del medio rural. No conviene que olvidemos nunca que los grandes gestores del territorio son los payeses, y sobre todo, las y los ganaderos en extensivo. En segundo lugar. Existe consenso técnico de que únicamente podremos hacer frente a los incendios forestales, si entendemos la prevención, como la consecución que se deriva de tener bosques y montes vivos, generadores de empleo y riqueza en las comarcas rurales. Pese a quien le pese, las políticas conservacionistas sobre las masas forestales sin más, sin gestión y sin aprovechamiento, no garantizan su preservación. En tercer lugar, es prioritario involucrar y apoyar a quienes sean en cada caso los titulares de la superficie forestal. No es lo mismo trabajar cuando la mayor parte del monte es de titularidad pública o comunal a cuando los propietarios son un sinfín de pequeños titulares como sucede en las Islas Baleares. Pero lo curioso es que en España se continúa obviando que el 67% de la superficie forestal está estructurada en parcelas privadas de menos de 10 Ha y que siendo extremadamente costoso, sus propietarios, tienen verdaderas dificultades para mantener la gestión y ordenación de sus montes sin apenas obtener rentabilidad porque las medidas de conservación, muchas veces, ahogan toda iniciativa y posibilidad. El hecho de que la propiedad del monte sea privada, no exime de trabajar con sus dueños y dueñas desde la administración competente. Será más laborioso, habrá que fomentar la creación de asociaciones de propietarios forestales, habrá que apoyarles con los planes de gestión y aprovechamiento, pero habrá que buscar maneras.

Dicho lo anterior, y por cerrar. No puede ser que la política forestal haya dependido y dependa de la financiación de la PAC. La realidad, dramática y a la vez sorprendente, es que el 80% del presupuesto que se invierte desde la Administración General del Estado y desde la Comunidades Autónomas en política forestal se financian con cargo al II Pilar de Desarrollo Rural de la PAC. En el periodo 2014 – 2020 se destinaron un total de 1.245 M de euros, lo que significó el 15,77% de todo el cuadro financiero. El paquete forestal incluía 8 tipos de actuación de muy amplio espectro, pero a la postre, el 76% de los fondos se dirigieron a la extinción, o prevención vinculada a la extinción, y con un peso excesivo de las medidas de prevención pasiva. Es decir, todas aquellas inversiones en infraestructuras preparadas para hacer frente al momento del fuego, como son; el acondicionamiento de pistas forestales, cortafuegos, o puntos de agua. Mientras tanto, los fondos destinados a planes de gestión y a la puesta en valor de los recursos forestales solo representan entre un 2% y un 6% del paquete forestal. Con esta distribución presupuestaria y teniendo en la cabeza el dato de que aquí está el 80% de todo lo que gastamos en nuestro país para política forestal, el principio de que «solo un bosque vivo está libre de incendios», está realmente en cuestión.