En el reglamento del boxeo está previsto que, diez segundos antes del comienzo de un asalto, el locutor ha de exclamar: «¡Segundos fuera!» y los auxiliares de cada púgil abandonar el ring.
La política se ha convertido en un cuadrilátero en el que las instituciones son protagonistas de intentos de asaltos sucesivos, sin que los antagonistas abandonen el ring.
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Expirado el plazo para la renovación de cuatro de los doce miembros del Tribunal Constitucional -dos a propuesta del Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial-, el TC ha entrado en un arriesgado momento de combustión, de consecuencias inminentes e inciertas.
El Gobierno ha paralizado la capacidad del órgano de gobierno de los jueces -Consejo General del Poder Judicial- para proponer nombramientos, con el argumento de que tiene su mandato vencido desde hace tres años.
Responsabilidad esta que comparten los partidos dinásticos, que se han ido turnando en el poder desde la restauración de la democracia y ahora se acusan mutuamente de no cumplir con la Constitución.
El bloqueo puede llevar al Gobierno a intentar forzar una renovación parcial del Constitucional (sus dos miembros). Esta maniobra esquivaría los consensos básicos que han hecho posible la convivencia y, con ello, crearía una crisis sin precedentes.
De acuerdo con lo regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: «El pleno del TC conocerá la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrados del tribunal constitucional». Lo que equivale a otorgar un ‘plácet’ al magistrado que se incorpora.
Es previsible que al no estar renovados por tercios -exigencia de la propia Constitución- no se les permita el alta. Este eventual contratiempo no enervaría un posible amaño, consistente en que la Abogacía del Estado -atenta a los deseos del Ejecutivo- recusara a aquellos magistrados que se opusieran a dar la aprobación a esa renovación parcial -al tener el carácter de atañidos- porque lo que se está discutiendo es su continuidad o su marcha definitiva del TC.
La eventual recusación daría la mayoría al sector progresista, permitiría la designación parcial de los dos magistrados nombrados por el Gobierno y haría posible la elección de un nuevo presidente, que tuviese en cuenta el cambio de mayorías.
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Desde su creación, el TC -institución esencial, como garante de la Constitución y guardián último del Estado de derecho- se ha visto cuestionado por quienes se muestran desobedientes con la Carta Magna y partidarios de fracturar el Estado.
No se puede olvidar la rauda disposición a renunciar, de los síndicos electorales catalanes -que debían supervisar las votaciones del referéndum ilegal- en cuanto el TC les comunicó que iba a empezar a imponerles multas diarias de 12.000 euros.
Eficaz pedagogía -la de las multas- a quienes desobedecen, por sistema, el cumplimiento de la ley y ahora pretenden impugnar la autoridad del TC para suspender a aquellos cargos públicos que incumplan sus resoluciones.
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Superado el gambeteo de triangulaciones, desmarques y fueras de juego, a los que sumar la implacable crítica -por la declaración de inconstitucionalidad en la regulación del primer estado de alarma- la reforma del TC sigue pendiente.
Descalificado el fallo por tres ministras -dos de ellas magistradas en excedencia- que, invocando con desdén, «elucubraciones doctrinales», franquean las líneas de separación entre poder ejecutivo y legislativo, en aras de la independencia que establece la Constitución.
Como corresponde a su función, el TC ha generado jurisprudencia con su doctrina. Incluido el voto particular de uno de los magistrados, que descalificó la inconstitucionalidad del estado de alarma como: «Un atajo argumental para lograr una declaración de inconstitucionalidad que, lejos de resolver, crea un grave problema político».
La división de poderes exige la separación, pero también el respeto y la salvaguarda de las instituciones. La reiterada crítica gubernamental a decisiones judiciales y constitucionales es la prueba del algodón de una calculada penetración ideológica, que contribuye al desgaste de tribunales y jurisdicciones, prima la desobediencia y siembra la incertidumbre. El resultado, una degradación innegable.
Hasta ahora, los consensos que exige la Constitución han evitado la toma al asalto de esta última institución, que tiene pendiente de abordar el mejoramiento en cuestiones nucleares -como la elección y renovación de los magistrados y la celeridad en el funcionamiento de la institución- al tiempo que mantiene el control de la constitucionalidad, su principal reto.
El Tribunal Constitucional debe suponer una garantía para todos, dejando a un lado consideraciones partidarias, eliminando su contaminación de «cuotas», recuperando su dignidad funcional y alejándose de la sumisión que unos y otros pretenden.
Queda a la consideración del lector la calificación -si se validan las hipótesis contempladas- del escenario resultante, sin que quepa descartar la expiración palmaria del Tribunal Constitucional.
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Con lo sencillo que sería poner fin a lo que dificulta la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Bastaría un solo artículo -en sus respectivas leyes orgánicas- que dejaran bien claro que los magistrados y vocales cesarían en sus funciones al expirar el término para el que fueron designados.
Se produciría un vacío que, necesariamente, tendría que ser solventado en el menor tiempo posible.
Los magistrados y vocales tendrían que hacer la maleta y marcharse. Dejarían de cobrar el mismo día de expiración del término. Cuestión resuelta.
El Constitucional, en el límite. ¡Segundos fuera!
