Esta semana ha costado elegir tema para la tribuna. Podría haber escrito sobre el futuro del sector apícola, o sobre el sentido de la reversión del patrimonio de las Cámaras Agrarias como ejercicio de restauración democrática. También podría haber abierto el melón de lo que hay detrás del hecho de que la Lonja de Sineu haya cerrado la semana sin cotización en el precio del porcellí y de la porcella. Pero respecto a este último asunto, la prudencia exige esperar un par de reuniones antes de hablar. Con todo ello, he optado por una noticia seguro que desconocida para la mayoría, pero que tiene transcendencia global.

El Ministerio de Agricultura publicó la semana pasada el Real Decreto por el que se establece la segunda tanda de ayudas a los sectores agrarios más afectados por las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania. La norma incluía una disposición adicional inaudita y muy interesante. Amparándose en una modificación de los reglamentos europeos, el Ministerio establece la obligación para los productores, mayoristas y agentes económicos, de comunicar mensualmente a la administración agrarias y a partir del mes de julio, todos los stocks disponibles de cereales (trigo blando y duro, cebada y maíz), oleaginosas (girasol, colza y soja en lo que a semillas, tortas y aceites se refiere) y arroz. El objetivo de la medida trata de transparentar la información de las reservas disponibles y por lo tanto, establecer medidas para evitar movimientos especulativos.

Todos sabemos que uno de los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido la ruptura del mercado mundial de cereales y oleaginosas. Los hechos se han ido encadenando, y hoy estamos con los precios por las nubes y a las puertas de una crisis alimentaria sin precedentes. El Consejo y la Comisión Europea despliegan toda su estrategia diplomática tratando de facilitar la salida del grano acumulado en los silos y puertos ucranianos, incluso con la posibilidad de poner en marcha una misión naval que escolte el paso de los cargueros desde Ucrania a través del Mar Negro. El problema no se acabará este año. Tras la cosecha récord de cereales en Ucrania del año 2021/22 buena parte de la cual está retenida, la siembra de primavera en las zonas controladas por el gobierno ha finalizado habiendo sembrado más de 14 millones de hectáreas de cereales, guisantes, o girasol, frente a los 17 millones de ha de 2021. La cosecha será inferior por la reducción de la superficie de producción y debido a las mismas dificultades de trabajar el campo en medio de una guerra. El miedo no se ha hecho esperar y a fecha de hoy son 30 países los que han establecido restricciones al intercambio de cereales. El último fue la India quien justificó las la prohibición de exportación para poder gestionar la seguridad alimentaria del país. Todo esto nos ha recordado al mundo desarrollado, que las reservas de cereales y granos básicos siguen teniendo un carácter estratégico

Los mercados de granos básicos son altamente especulativos. El problema central es que se comercia sobre estimaciones de cosechas futuras y fuertes conglomerados económicos, controlan tanto importaciones como exportaciones. Las principales lonjas de cereales de España han estabilizado los precios y desde la semana del 16 de mayo apenas hay variaciones. Pero mientras tanto, las organizaciones agrarias denuncian a los operadores y comprobadores de cereal por pactar precios a la baja presionando para recuperar el precio de cereal a pie de campo. Por otra parte, las asociaciones que agrupan a las empresas importadoras y comercializadoras de cereales y oleaginosas y las empresas de producción de piensos para la alimentación animal trasladaron la presión al Ministerio y al propio sector agrario de que apenas teníamos reservas para unos días lo que evidentemente no era cierto. La Unión Europea y el Ministerio de Agricultura han tenido que poner freno a las ambiciones concretas y la medida sin duda se encamina a esto. ¡Difícil pero buena decisión!