Se juega con fuego y el incendio tal vez sorprenda por su virulencia, porque su dificultosa extinción se haga a costa de dejar demasiado territorio baldío. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple los tres años sin ser renovado en plazo. Está en permanentes funciones, incluido su presidente, el sectario Carlos Lesmes. El PP se niega empecinadamente a proceder a lo que es mandato constitucional: renovarlo de acuerdo con la actual mayoría parlamentaria. Eso es lo que le lleva a perpetuar el bloqueo. No está hasta hoy dispuesto a perder la mayoría de la que dispone al haber sido elegidos los vocales del CGPJ cuando disponía de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Las excusas que vienen ofreciendo para bloquear la renovación son todas, sin excepción, las propias del mal pagador, lo hace por lo dicho: mantener la hegemonía en el órgano de gobierno de la Judicatura aún a costa de cuartear el orden constitucional. Bloqueo en toda regla. Quiebra institucional. Crisis del sistema surgido del pacto que alumbró la Constitución de 1978. La derecha constitucionalista, se reclama insistentemente de tal suerte, es la que está abriendo enorme boquete a la Constitución que afirma defender.
Con Núñez Feijóo sucede lo mismo que acontecía con Pablo Casado. Un agravante: el bloqueo se extiende al Tribunal Constitucional (TC) y por idéntica razón: el PP no acepta perder la mayoría, puesto que corresponde ya designar a cuatro nuevos magistrados. Si se hace de acuerdo con lo que disponen las normas legales resulta que el Gobierno designa a dos y el CGPJ a otros dos; ocurre que como el segundo está en funciones viene imposibilitado de hacer nombramientos. Ante ello, el sector conservador del TC sale en auxilio del PP amenazando con bloquear el visto bueno a los dos magistrados que proponga el Gobierno. Es, se mire por dónde se mire, crisis constitucional en toda regla. Un serio problema que acabará por anegarlo todo.
El PP mantiene su irresponsable actitud, por decirlo suavemente, porque otros hablan abiertamente de «golpe constitucional», al colegir que la opinión pública no le pesa factura por ello. Aspira a llegar a las elecciones generales de 2023 con el bloqueo en vigor y aguardar a que las urnas le concedan, junto con Vox, la mayoría para entonces sí renovar de acuerdo con sus intereses. Es decir, promover otra mayoría conservadora. Pero esa alternativa, basada en flagrante fraude, contiene en sí misma el elemento que nos conducirá a la quiebra constitucional: ¿qué sucede si en tal tesitura son las izquierdas las que se desenganchan, aduciendo que antes incumplió la derecha sus deberes constitucionales, y optan por denunciar el sistema echándose al monte? En el monte están ahora las derechas, Vox desde el primer momento; el PP ha decidido acompañarlo. Todo lo susceptible de empeorar tiende a hacerlo; es axioma basado en las leyes de la entropía, que en política suele cumplirse inexorablemente, es desorden inherente al sistema, cualquiera que sea. Por ello, el PP, la derecha «constitucional» española, juega con fuego. El incendio tal vez sea devastador, incluso para sus deseos de perpetuar la situación de la que hoy ilegítimamente disfruta.
Acotación metafísica. - Luis Bárcenas siempre vuelve en el peor momento. El PP ha hecho pirueta inverosímil, que roza la metafísica, al presentar recurso ante los tribunales solicitando la absolución de «Luis el cabrón» para no ser responsable subsidiario de sus desmanes. A las pocas horas, se percata de que está iniciando un escándalo que a una semana de las elecciones en Andalucía vete a saber hasta dónde es capaz de llegar; en consecuencia, opta por retirar el recurso. Las explicaciones ofrecidas por el portavoz del PP, Esteban González Pons, han sido esotéricas. La conveniencia política y la procesal discurren por senderos opuestos, por lo que hay que hacer intempestiva y no menos ridícula marcha atrás. Han quedado con el culo al aire. Exhiben impúdicas vergüenzas.
