Los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados en octubre de 2019 por el procés fueron recurridos por varios actores, entre ellos el PP, Vox y algún diputado de Ciudadanos. En aquella ocasión, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó estudiar los recursos presentados contra la medida de gracia al concluir que ninguno de los recurrentes estaba legitimado para impugnar los indultos.
Curiosamente, ahora la Sección Quinta ha cambiado de opinión y estudiará los recursos. La mudanza de criterio tiene una explicación: en las últimas semanas se han marchado dos de los tres magistrados partidarios de rechazar los recursos y se ha incorporado una magistrada favorable a admitirlos, lo que ha cambiado la mayoría progresista en otra conservadora. En definitiva, se ha aceptado un recurso de reposición, que consiste en solicitar al tribunal que reconsidere su propia posición. Como es lógico, los tribunales, y menos el Supremo, no suelen cambiar de actitud una vez tomadas las decisiones, pero en este caso la excepción confirma la regla.
Es inocultable el cariz político de esta mudanza, que demuestra la gran relevancia de las ideologías en las grandes sentencias. Nadie sabe cómo terminará este enredo pero todos entendemos ahora mejor la resistencia numantina del Partido Popular a acceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que daría paso a una mayoría progresista. Si para ello hay que violentar la Constitución, se violenta. Lo importante es el poder, no la razón ni la verdad. Y mucho menos la justicia.
