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Diario de Mallorca

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Antonio Papell

Pobreza, impuestos, servicios

Se considera, como es sabido, que el umbral de riesgo de pobreza para el conjunto nacional en un año determinado es el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo de todos los hogares a nivel nacional. El riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide la desigualdad. No evalúa la pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. Y en nuestro país, desde el 2010 no ha descendido del 20%, e incluso ha llegado en los peores momentos de la crisis al 22,3% en 2015, el año socialmente más comprometido de la gran depresión que arrancó en 2008.

Esta fuerte desigualdad ha sido sin duda la fuente de una radicalización política que ha desembocado en la ruptura del ya viejo bipartidismo imperfecto, en el surgimiento de tensiones centrífugas y de beligerancia social, y en una polarización extrema de la sociedad, sobre todo a causa del creciente descubrimiento de una intensa corrupción en ciertos escenarios políticos.

La estabilidad de una estructura social en general y de un país en particular se consigue teóricamente minorando el porcentaje de individuos que se hallan en situación de riesgo de pobreza, una tarea nada fácil ante la que se han estrellado las soluciones ideológicas. El igualitarismo basado tan solo en la redistribución de la riqueza ha resultado poco eficiente y no ha tenido ocasión de instalarse en modelos consolidados compatibles con los códigos culturales de derechos y libertades de las sociedades abiertas y de las democracias parlamentarias.

El consenso socialdemócrata que se extendió en Occidente tras la segunda guerra mundial se caracterizó por el centrado de su propuesta en una mayor intervención estatal en los procesos de redistribución que en los de producción, de forma que una política fiscal progresiva permitió consolidar eficazmente la red asistencial que estructura el Estado de Bienestar. El congreso de Bad Godesberg del SPD alemán en 1959 marcó definitivamente esta tendencia, adoptada desde el principio por Felipe González (quien se impuso en el PSOE tras una resonante dimisión y la reconsideración de sus conmilitones).

Aquella tesis socialdemócrata sigue siendo válida: el centro izquierda europeo es abiertamente liberal en lo económico (no interfiere en la economía de mercado y las nacionalizaciones son un anacronismo), pero ha ganado la batalla en lo social, capítulo en que las políticas públicas son muy apreciadas por la sociedad, con independencia de quién las implemente. La vieja idea de redistribución fiscal se ha debilitado y en cambio se ha fortalecido en todas nuestras democracias la necesidad de paliar la desigualdad, de integrar a los desintegrados, de reducir las diferentes brechas que surgen por distintas causas en el cuerpo social.

El gran descubrimiento de la socialdemocracia moderna es el de vincular la redistribución a las mencionadas políticas públicas. Este es el verdadero meollo de la socialdemocracia moderna. En cualquier caso, la verdadera igualdad de oportunidades a partir de la cual podría empezar a hablarse de meritocracia se logra a través de una sanidad y una educación universales, gratuitas y de alta calidad, y de otras atenciones sociales en materia de pensiones y dependencia. Un estudio de Fedea publicado este mismo mes, elaborado por autoridades en la materia como los profesores Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia, acredita que gracias a estas políticas públicas —sanidad y educación-, 1,26 millones de personas han salido del riesgo de pobreza tras la pandemia. O, en cifras, el número de hogares en riesgo de pobreza se ha reducido un 32%. Ha pasado de 3,93 millones en 2018 a 2,67 millones. Las prestaciones sociales en educación y sanidad (prestaciones en especie) benefician a los menos dotados ya que representan el 89% de la renta bruta de los hogares pobres, un porcentaje 2,6 veces mayor que para los hogares que superan el umbral de pobreza. Los grupos más beneficiados son los que sufren mayor precariedad. Como es socialmente deseable.

Según Fedea, la tasa de pobreza relativa española es la quinta más elevada de la UE-27: solo estamos por detrás de Rumanía, Letonia, Bulgaria y Estonia). Nos queda pues mucho camino por recorrer si queremos realmente estabilizar y mejorar el futuro.

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