La semana pasada hicimos la presentación de largo del nuevo “seguro agrario de retirada y destrucción de cadáveres de animales de producción”. Asistieron una treintena de representantes de diversas organizaciones ganaderas, cooperativas, entidades bancarias y aseguradoras, además de los responsables de la Consellería de Agricultura y de Agroseguro. Era el último paso que quedaba por dar tras la reapertura de la celda de enterramiento en julio del año pasado. En estos meses de tránsito, las explotaciones han podido utilizar la celda pero pagando la totalidad de los gastos de recogida y de la tasa de residuos. A partir del 1 de junio, los ganaderos pueden contratar un seguro agrario específico y una empresa adjudicataria realizará la recogida y la entrega. A esta empresa le pagará directamente Agroseguro. Los ganaderos suscribirán una prima de seguro por la que pagarán aproximadamente un 40%, puesto que en un 27% estará cubierta por la subvención del Ministerio de Agricultura y en un 32,5% por la Consellería de Agricultura. A estas alturas, ya tenemos 111 ganaderos de Baleares que han suscrito este seguro y esperamos que se incremente en las próximas semanas.

Las personas ajenas al sector agrario desconocerán que en España tenemos una política pública de seguros agrarios. Es una política única en el contexto de la Unión Europea. Ningún país despliega un modelo tan universal y general como el nuestro. El origen lejano se remonta al año 1917 con la Caja de Seguros Mutuos contra el Pedrisco. Desde entonces, fueron muchos los intentos por aplicar la técnica aseguradora con el objetivo de cubrir todos los riesgos que afectan a las producciones agropecuarias. El salto cualitativo se produjo en el mismo seno del proceso de la transición democrática. Los Pactos de la Moncloa recogieron uno de los pocos compromisos arrancados por el sector agrario y que se tradujo en la aprobación de la Ley 87/1978 de los Seguros Agrarios Combinados. Un año después, vio la luz el Real Decreto 2329/1979 que aprobaba su Reglamento de desarrollo y en el año 1980 se pone en marcha el Primer Plan de Seguros Agrarios Combinados. En la actualidad estamos ejecutando el cuadragésimo segundo plan.

La idea política que subyace al seguro agrario como instrumento de política pública, es que actúe como una garantía de las rentas agrarias frente a las adversidades de cualquier tipo. El sistema se apoya en un partenariado mixto público – privado que se impulsa desde el Ministerio de Agricultura a través de ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios). La solvencia económica del sistema, se garantiza a través de dos instrumentos; Por una parte tenemos AGROSEGURO formado por 17 entidades aseguradoras que asumen el riesgo en régimen de coaseguro y por otro lado, el reaseguro que se garantiza a través del Consorcio de Compensación de Seguros y que compensa el exceso de siniestralidad de las entidades aseguradoras. Las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas, además de las Comunidades Autónomas, participamos tanto en el Pleno de ENESA, como en los más de veinte grupos de trabajo que existen sobre cada uno de los sectores o líneas de seguro. Por último, las primas contratadas por el sector están subvencionadas en una parte por el Ministerio, y en otra parte por las Comunidades Autónomas.

El sistema no está exento de problemas y necesita una revisión de conjunto. Es evidente que los seguros agrarios tienen que funcionar y además, funcionar bien. La necesidad de una reflexión de ámbito nacional sobre el futuro del sistema es urgente. El debate debe afrontar tres asuntos cruciales: La adecuada y suficiente financiación del sistema, la respuesta del seguro agrario a los nuevos retos derivados del cambio climático, y una amplia cobertura e indemnización para que de verdad funcione como garantía de rentas y que los agricultores y ganaderos confíen en el instrumento. El debate será filosófico y también muy técnico y crematístico puesto que sin duda, los intereses prácticos entre cada una de las patas implicadas son muy distintos, pero tener como base el compromiso real asumido hace más de 40 años siempre es un valor a rescatar.

Mientras tanto, en Islas Baleares estamos haciendo esfuerzos importantes por trabajar para incorporar las especificidades de nuestras producciones en las líneas de seguro, incentivar hasta el límite legal la subvenciones para la contratación de primas, y sobre todo, recuperar la tasa de contratación y el volumen del capital asegurado que se había hundido desde hacía años, pero de esto hablaré en mi próxima tribuna.