El Estado ha sido desarticulado, misión cumplida. La tocata y fuga de Juan Carlos I es apenas una anécdota al compararla con la privatización de la Policía a cargo del PP, la doctrina ultraliberal aznarista arrastrada hasta sus últimas consecuencias. Cospedal exigía «laminar» por la espalda a los involucrados en la «libretita» de Bárcenas, y de frente demandaba al tesorero por dañarla en su virtud incontaminada. Enhorabuena a la Audiencia de Toledo, que revirtió la absolución de un juzgado de Instancia para condenar al alto cargo de Rajoy a pagarle 50 mil euros a la dolorosa ministra, por la insoportable intromisión en su honor sacrosanto.
Antes que nada, las grabaciones aparecidas esta semana y que consagran a Villarejo como el oráculo del país, también demuestran que la verdad judicial tiene más agujeros que un manifiesto negacionista. Los magistrados se enfurecen al gritar que no sentencian de acuerdo con su ideología. Ojalá lo hicieran, sus escritos ganarían en coherencia frente a la inconsistencia ahora desvelada. Si Manuel García Castellón ha de querellarse contra todos los que han puesto en tela de juicio su integridad, habrá que crear un nuevo juzgado de la Audiencia Nacional. La ejecución verbal del juez en el podcast de Pablo Iglesias pasará a los anales de la crueldad razonada.
La «libretita» daña menos al PP, y a la que fuera su secretaria general durante diez años, que a los funcionarios raudos a creer su versión contaminada. La Audiencia Nacional ostenta el récord mundial de condenas a raperos y a difusores de chistes de Carrero Blanco, pero exculpó sin juicio a Cospedal de haber conspirado contra Bárcenas, «por ser ajena a los hechos investigados». En una empresa estarían despedidos, pero la privatización del Estado no llega tan lejos. Por fortuna, el castellano acude en auxilio de los visionarios que exculparon a la alien del PP. Basta mover una jota para concluir que Cospedal es «aneja a los hechos investigados». Cuando lo comete la autoridad, el error se reduce a errata.
