Reconozco que me cuesta replicar a una persona querida como es mi primo, amigo, compañero y maestro en diplomacia Jorge Dezcallar. Pero, tras haber leído y releído detenidamente su artículo Las escuchas ; un penoso espectáculo, siento que es mi deber hacerlo.

Si hubiese leído sólo el título del artículo y no todo el texto del mismo no podría dejar de estar de acuerdo, porque la verdad es que lo que Dezcallar denomina piadosamente «escuchas» y que es en realidad un cuidadoso y elaborado montaje de espionaje invasivo e ilegal a un número que aún no conocemos con precisión de ciudadanos y ciudadanas catalanes y vascos y del que probablemente no hubiésemos sabido nada si no lo hubiese revelado al mundo la revista ( al parecer desconocida por la ministra de Defensa) The New Yorker.

No entraré en discutir los pormenores del artículo, que denotan una postura legítima sobre la política española. Comprendo perfectamente que Dezcallar, que fue durante varios años director del Centro Nacional de Inteligencia, quiera salir en defensa de quienes fueron sus compañeros, colaboradores o subordinados. Una actitud sin duda muy noble. Pero el problema no es que el autor defienda a determinadas personas o mantenga determinadas posiciones políticas, sino que yerra radicalmente en la naturaleza del problema y del escándalo que de él se ha derivado – que a fecha de hoy sigue sin aclararse ni resolverse. Porque lo que en realidad está haciendo con su artículo es denunciar una parte de las consecuencias del escándalo – el evidente descrédito del CNI – pero no aborda en ningún momento ni la causa – el espionaje masivo e invasivo por medios ilegales de un número indeterminado de ciudadanos, probablemente mucho mayor del que hasta ahora se nos ha dicho -; ni tampoco el efecto más grave del mismo: la gravísima violación de los derechos fundamentales de las víctimas y de sus allegados.

No deja de ser curioso que en ninguna línea del artículo en cuestión no aparezcan dos conceptos fundamentales: el primero se llama PEGASUS ; el segundo se llama DERECHOS HUMANOS.

Tal como expuso en un reciente artículo el profesor Javier Pérez-Royo, «… la herramienta Pegasus es tan invasiva que no es posible hacer un uso constitucional de la misma. Supone una limitación de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18 de la Constitución: y no solamente la del secreto de las comunicaciones, sino la de todos los demás: la intimidad, el honor y la propia imagen». Y añade a continuación que «sin una ley que contemple la especificidad de esta herramienta y delimite en qué supuestos y bajo qué condiciones se puede hacer uso de la misma, ningún juez puede autorizar su uso». Y abunda en sus argumentos en el resto de este espléndido artículo, que recomiendo.

La privacidad es un derecho fundamental de toda persona humana, tal como se reconoce tanto en la Constitución como en todos los instrumentos internacionales ratificados por España, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Europea de los Derechos Humanos.

Y el escándalo de este caso no estriba como alega Jorge Dezcallar en el hecho de que se exijan explicaciones, transparencia y responsabilidades a los autores de esa fechoría, tanto el CNI como si fuese el caso en las tristemente célebres cloacas policiales del Estado. El escándalo sería que se ocultasen estos hechos criminales a la ciudadanía y que sus autores y encubridores quedasen impunes.

Tampoco me parece válido el argumento de la supuesta autorización judicial de las mencionadas tropelías, porque, además de lo ya señalado por Pérez Royo, todos conocemos el lastimoso estado en el que se encuentra el órgano superior de la Judicatura, el CGPJ; con sus competencias caducadas desde hace ya años .

Por consiguiente no cabe sino reiterar la vieja petición de «luz y taquígrafos, asi como el elocuente lema de las asociaciones memorialistas : Verdad, Justicia y Reparación . Y como colofón de este proceso de clarificaciones-, que debería ser conducido por una Comisión de Investigación del Congreso a la que se niegan los cuatro partidos dinásticos (PP;VOX, Ciudadanos…. y PSOE ! -, que concluyese con el esclarecimiento de los hechos , la reparación a las víctimas y la asunción de todas las responsabilidades que se deriven por quienes las tengan, ya sea nivel técnico como sobre todo a nivel político.

Porque en un auténtico Estado de Derecho la Verdad debe siempre prevalecer sobre la ocultación, la Justicia sobre el desafuero, y los Derechos Humanos sobre el uso abusivo y totalitario del concepto de la «razón de Estado».

El desafío mayor que afrontan las democracias no es tanto el que nos plantean desde fuera los regímenes totalitarios cada vez más agresivos y expansionistas – como la Rusia de Putin, la China de Xi Jinping, la Turquia de Erdogan o las satrapías árabes y magrebíes tan cariñosas con nuestros Borbones ; el peor desafío de las democracias es su propia y paulatina degradación, que podría estar ya desarrollándose en España con escándalos tan inaceptables como éste.

Hay que actuar sin demora y con firmeza, y para comenzar sería bueno desclasificar todos los documentos relevantes y reformar a fondo la Ley 9/68 de Secretos Oficiales , dictada bajo el franquismo. De no ser así acabaríamos llegando a una situación en la que solo nos quedaría replicar amargamente a quienes pregonan que «España es una democracia plena» con el sabio dicho popular de «dime de qué presumes y te diré de qué careces».

NOTA: Al cerrase este artículo llega la noticia de la destitución (o «sustitución», según la ministra Robles) de la hasta ahora hoy directora del CNI, Paz Esteban. Era necesaria, pero no es suficiente. La responsable política del desafuero no es otra sino la propia ministra Robles, que debería haber dimitido ya. Su continuidad en el Gobierno a estas alturas es, a mi entender, inaceptable.