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Diario de Mallorca

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Gemma Ubasart

Gemma Ubasart

Profesora de Ciencias Políticas

Sí, se espía

El lunes nos levantamos con la convocatoria, de urgencia y en un día festivo en varias Comunidades Autónomas, de una comparecencia pública de Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. La expectación estaba servida. Entre bambalinas se comentaban dos posibles temáticas que podrían justificar la rueda de prensa: nuevas informaciones y/o acciones relativas al caso de espionaje a independentistas, o el retorno del rey emérito. A media mañana se clarificaban las dudas: se hablaba de espionaje pero con un pronunciado giro en el guion. Así pues, Bolaños exponía que, según informaciones procedentes del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y la ministra de defensa Margarita Robles habrían sido infectados con el software Pegasus. El teléfono de Sánchez habría sufrido dos intrusiones en mayo de 2021 y el de Robles solo una en junio del mismo año. Ha sido una declaración corta, sin un relato cerrado y con inconcreciones. Pero puede abrir nuevos escenarios de análisis y actuación. Vamos paso a paso.

Primero, el ministro ha hablado de «intrusiones ilícitas y externas» y de una actuación «ajena a organismos estatales y que no cuentan con autorización judicial».

Sabiendo que el programa Pegasus se vende a estados, el adjetivo «externas» solamente puede llevarnos a dos tipos de protagonistas: actores externos del país, eso es, gobiernos extranjeros; o actores externos al Gobierno, eso es, miembros del CNI o cuerpos policiales. Preguntado por los periodistas presentes en la sala, Bolaños pareciera estar descartando la primera opción (aunque no ha sido explícito). Y la segunda nos dirige a la existencia de actuaciones de instancias estatales sin control judicial o político.

Más información sobre el caso también nos la puede dar el «tiempo» en el que se llevan a cabo las intrusiones. En mayo-junio de 2021 se produce la importante crisis entre España y Marruecos tensionando el entendimiento entre los dos países hasta fechas recientes: una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta alentada por Rabat como reacción al hecho de haber prestado asistencia médica al líder del Frente Polisario. Ahora bien, la actual recuperación de relaciones diplomáticas entre ambos estados hace pensar que el ministro Bolaños no está buscando atacar este flanco. También resulta pertinente recordar que en aquellos mismos días en la arena estatal se estaba aplanando el camino para la aprobación de los indultos a los presos independentistas. Esta medida contaba con una fuerte oposición en la derecha política y mediática, así como también en varios operadores de los instrumentos punitivos del estado.

Una ordenación lógica de los ingredientes puestos encima de la mesa en la comparecencia del ministro de la presidencia llevaría a reforzar la hipótesis que muchas defendemos: que existen individuos en el deep state que han ido por libre. Y que hay una parte del Estado que ha actuado contra el Gobierno. En este marco de deriva iliberal podría incluirse perfectamente parte de las escuchas a independentistas catalanes. Ahora bien, esta es la hipótesis que Robles quiso refutar en el Senado y en el Congreso, defendiendo a capa y espada el CNI y todos sus integrantes.

¿Corrección a Robles? El ministro ha insistido que «en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones estatales se producen por organismos judiciales y con autorización judicial». Aunque esta frase podía interpretarse como un apoyo al discurso de Robles, esta también puede abrir -intentando salvar la, en mi opinión, insalvable cabeza de la ministra de Defensa- la vía del reconocimiento de que en las entrañas del Estado pasan cosas. En temas tan delicados como el que nos incumbe sería deseable una claridad mayor por parte de los responsables políticos. Pero personalmente ya me sirve si esto va seguido de una profunda investigación y depuración de responsabilidades. Y, sobre todo, de la implementación de medidas para que haya un mayor control judicial y político de las actuaciones de los servicios de inteligencia (y policiales si es el caso).

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