A veces sorprende la amabilidad e infinita comprensión del ayuntamiento de Palma con quien se salta las ordenanzas municipales pisoteando de paso los derechos de los ciudadanos en su propio provecho. Con todas las restricciones del coronavirus eliminadas, ha tenido que salir esta semana a la palestra el concejal de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, para recordar a los restauradores, nada menos que siete meses después del fin de las exenciones, que las terrazas solo pueden ocupar el espacio autorizado en su licencia, ni un metro más, que en los aparcamientos no se pueden instalar mesas y sillas y que no es de recibo ir ampliando el espacio de la terraza a voluntad cuando aumenta la clientela. Por mucha vida que cobren las calles con el gentío, en Palma todavía viven personas que no desean tener el ambiente de un bar, sus charlas y su música de ambiente a todo volumen en el interior de sus domicilios. Y la comprensión con los continuos excesos debería tener un límite y no encontrar tanto amparo en el Ayuntamiento, que para solucionar el problema ha anunciado medio año después una campaña informativa, lo que resulta muy tranquilizador. Ahora, bares y restaurantes ya saben por vía oficial que podrán seguir haciendo lo que les dé la gana hasta el final del verano o cuando Cort tenga a bien repintar los límites de su terraza sobre la acera.
Esto ocurre en Palma, donde todavía no se ha decretado la ley de la selva. Pero en el Paseo Marítimo, zona de la ciudad bajo administración de la Autoridad Portuaria, las exenciones a la ocupación de la vía pública instauradas durante la pandemia se han quedado para siempre, con bloques de hormigón que amplían las aceras, les otorgan un aspecto bélico y regalan hasta un carril entero de calzada a las terrazas, pese a los atascos diarios y a que ya no hay nada que justifique esa invasión desmesurada de la calle.
