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Diario de Mallorca

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Antonio Papell

Actualización de la Corona

El malogrado historiador Javier Tusell dejó escrito que la monarquía parlamentaria moderna no resiste un error de gran envergadura. De hecho, con las excepciones singulares belga y japonesa, las monarquías que perdieron la Segunda Guerra Mundial desaparecieron, y más tarde, en 1973, cayó la monarquía griega en referéndum por no haber condenado el rey Constantino el golpe de los coroneles. Por el contrario, las dos grandes misiones de la Corona en las siete grandes monarquías europeas que perviven siguen siendo, en primer lugar, representar a la nación en los momentos de peligro —fue el caso del monarca danés al ponerse al frente de la invasión nazi en 1940— y, en segundo lugar, ser el último elemento estabilizador en casos de una grave crisis interna —en 1956, Isabel de Inglaterra resolvió la grave situación interior causada por Suez, sustituyendo a Eden y nombrando a McMillan—. En España, el rey Juan Carlos I resolvió personalmente la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, lo que consolidó definitivamente la monarquía.

A partir de aquel año clave de 1981, y aún más cuando el régimen se demostró capaz en 1982 de permitir la alternancia y un gobierno de izquierdas, don Juan Carlos realizó una innegable contribución a la construcción del régimen democrático y a su desarrollo posterior, pero bien entrado el milenio actual dilapidó absurdamente aquel caudal de prestigio y se vio obligado a presentar su abdicación en 2014 para no dañar irremediablemente a la institución que representaba. De hecho, cuando la abdicación se produjo, la popularidad del Rey había descendido a mínimos históricos.

Felipe VI fue seguramente consciente de que solo conseguiría remontar el vuelo si con la debida firmeza se mostraba capaz de devolver a la institución la transparencia y la integridad que había perdido, tanto por los errores de su padre cuanto por otras flaquezas familiares como el ‘caso Urdangarin’. Y optó por limpiar la Casa y cambiar los antiguos hábitos. Por ello, en su proclamación ante las Cortes generales en junio de 2014, adquirió el compromiso de regeneración y transparencia de su institución.

En concordancia con esta voluntad, el Rey impulsó poco después medidas como el Código de Conducta del Personal de la Casa del Rey de 4 de diciembre de 2014 y la normativa sobre regalos, préstamos, herencias y retribuciones de la familia real de 1 de enero de 2015. También firmó convenios con la administración para que todas las actuaciones de la Corona tuvieran el respaldo del Ejecutivo (por ejemplo, las gestiones del Rey en favor de empresas españolas en el extranjero habrán de ser refrendadas por la Secretaría de Estado de Comercio). En marzo de 2020, el Rey renunciaba a la herencia paterna que pudiera corresponderle y retiraba la asignación que se le había otorgado al emérito.

El real decreto aprobado por el Gobierno el pasado martes, que modifica el 434/1988 que, a su vez, modificaba otro del año anterior, regula los mecanismos de control presupuestario y financiero del aparato administrativo de la jefatura del Estado. También se establecen convenios con el Tribunal de Cuentas, que controlará la Casa del Rey, y con la Abogacía del Estado y otras instituciones públicas. El nuevo decreto impone criterios de transparencia, e incluso la publicación periódica (no se aclaran plazos) del patrimonio real, que además se acaba de conocer por primera vez.

Es probable que la Corona no pueda ir directamente más allá en su ejercicio de transparencia y en su afán de actualizarse. Pero en su instalación institucional siguen faltando dos requisitos de alcance constitucional: la limitación de la inviolabilidad a los actos propios de su cargo —no a los acontecimientos de su vida privada— y la reforma de la línea sucesoria que da preferencia al varón sobre la mujer. El argumento de que no es el momento de plantear estos cambios porque la apertura del melón constitucional provocaría un debate sobre la forma de Estado no se puede esgrimir eternamente. Y ha de quedar sentado que ha sido la inviolabilidad –equivalente a una inadmisible impunidad— y no otras cuestiones la que a punto ha estado de dar al traste con la Monarquía.

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