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Ramón Aguiló

Escrito sin red

Ramón Aguiló

La inflación fija los términos de la contienda

El precio de la cesta de la compra, junto con el de la vivienda configuran el escenario escogido por Alberto Núñez Feijóo (ANF) donde establecer la que considera una política alternativa a la del gobierno presidido por Sánchez. A la vista de los ciudadanos, más allá de los datos de inflación actual, un 10%, está el precio de la carne, el pescado, de las verduras y de la fruta. No hay ni un solo producto de la cesta que no haya visto elevado su precio. Y los que lo mantienen han visto reducir su peso, en legal, pero no por ello menos indignante estrategia empresarial. Sobre los costes de la vivienda, Fotocasa e Infojobs ha publicado los datos del precio medio del metro cuadrado en todas las comunidades, así como el número de años de sueldo íntegro necesarios para afrontar el pago de las hipotecas. Baleares es la más desfavorecida. Mientras el español medio, con un sueldo bruto de 24.555 euros al año necesita 6,2 años para pagarla, en Castilla La Mancha, con un sueldo de 23.386 euros y el precio del metro 953 €, tarda 4 años, el ciudadano de Baleares, con un precio del metro a 2.890 € y un sueldo bruto medio de 23.577 euros tarda 9,8 años. Es decir, con un sueldo medio inferior al sueldo medio en España, en Baleares se tiene el precio medio más alto de España de la vivienda y es la comunidad donde más años de sueldo bruto se necesitan para pagarla.

Las declaraciones de Sánchez y ANF durante estos últimos días han dibujado de forma precisa los términos en los que va a establecerse la confrontación entre las dos formaciones políticas que presumiblemente van a liderar los dos bloques ideológicos. ANF ha propuesto bajar el IRPF, el IVA del gas y la electricidad, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el de transmisiones patrimoniales. Una inflación alta es el impuesto a los pobres. Son los grupos sociales más necesitados, los que dedican el porcentaje más elevado de sus ingresos a la vivienda, alimentación, el gas y la electricidad. Con el salario congelado se reduce drásticamente su bienestar; con un aumento de salario para intentar acompañar, en alguna medida, la subida de precios, lo que se produce es un salto en el tramo de IRPF y un incremento de tipo, con lo que al empobrecimiento se le une un incremento de los impuestos a pagar. Es por ello que después de faltar Sánchez al compromiso de bajarlos, tomado en la reunión con los presidentes autonómicos en La Palma, ANF insistió en que la situación obliga a deflactar el IRPF, es decir, modificar sus tramos para que no se incremente la factura fiscal respecto a los años anteriores, es decir, al hecho de ser más pobres que antes no se le una el de pagar más impuestos; esto es lo que les pasará a los pensionistas si se ajusta la pensión a la inflación, serán más pobres (dejando aparte el surrealismo de que el indexar las pensiones gravitará sobre los activos que no tengan indexados sus salarios). La bajada del IVA de gas y luz se justificaría porque los ingresos del Estado se habrían disparado con el alza de precios de la energía. Lo expresó así: «Un presidente que no baja los impuestos con una inflación del 10% es que no tiene corazón». Con estas afirmaciones ANF adquiere el compromiso de bajarlos si gana las próximas generales. No juega a su favor el precedente de las promesas incumplidas de Rajoy en 2011.

Sánchez escurrió el bulto en la entrevista con Susana Griso a propósito de la propuesta de ANF: «Un político que propone bajar impuestos demuestra no tener sentido del Estado». Aunque tenga estudios de economía, no es éste el terreno donde mejor se desenvuelve Sánchez. Donde brilla por mérito propio es en el de la demagogia, o en la simple falacia o falso dilema, como cuando planteaba a Griso la confrontación electoral futura en estos términos: «O gobierna el PSOE con el espacio que tenga Yolanda Díaz o gobierna la derecha con la ultraderecha. Hay dos opciones, derecha y ultraderecha juntas o centro izquierda». Pablo Iglesias ya ha proclamado que Díaz es la candidata de Unidas Podemos. Pero la llamada candidata ha dicho que no es todavía candidata, que está en «período de escucha», signifique lo que signifique esta expresión. El falso dilema de Sánchez, de una puerilidad manifiesta, consiste en atribuir a sus adversarios la connotación peyorativa del término «ultra», mientras atribuye al PSOE la condición de «centrista» y a Díaz la de «izquierda». Recordemos que antes de las pasadas elecciones Sánchez reivindicaba para el PSOE la condición de «la izquierda» frente a Unidas Podemos. Nada nuevo bajo el sol de Sánchez.

La realidad, por mucho que contradiga al Sánchez de hoy, es lo que decía el Sánchez de ayer, que el suyo es un gobierno de «izquierda» con la «extrema izquierda» sostenido en el parlamento por nacionalistas golpistas (ERC) y nacionalistas directos herederos de ETA (EH Bildu) con quienes llegó a pactar una reforma de la ley laboral (de centro izquierda, nada). La ley del embudo es lo que predica Sánchez: yo puedo pactar con quien quiera porque estoy en el lado bueno de la historia, si ANF pacta con Vox se sitúa en el lado malo. Por tanto, si quiere estar en el lado bueno, o consigue mayoría absoluta o no puede gobernar. Y recurre al ejemplo europeo: «en Europa hay cordón sanitario a la extrema derecha». Ocultando que no hay ningún gobierno europeo del que participe la extrema izquierda, como España, la cual, además, está en contra de proporcionar armas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, están con Putin. Sánchez obvia señalar que para que sus palabras tengan la más mínima virtualidad, la alianza de su partido y lo que representa Díaz, debería aspirar a la mayoría de la que no dispone, la que le facilitan ERC, EH Bildu y demás compañeros de viaje. Tal como se presentan las encuestas es muy dudoso que tal complemento fuera suficiente para llevarle a la presidencia del Gobierno. Si a eso le sumamos la información de Citizen Lab vinculada a la universidad de Toronto que asegura que se han espiado con la tecnología israelí Pegasus, sólo vendida a gobiernos, los móviles de 67 líderes independentistas, incluido Aragonés, es dudoso que pudiera contar con ese complemento, que, de momento, anuncia la ruptura con el Gobierno Big Brother y reclama responsabilidades políticas.

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