Los pacientes baleares pueden esperar entre dos y veinte días a ser atendidos en el sistema de Atención Primaria, según el centro de salud al que estén asignados. Así lo han reconocido los responsables del IB-Salut que han intentado quitar hierro al asunto argumentando que a los casos urgentes se les da prioridad para acortar el plazo. Todos hemos padecido enfermedades alguna vez y sabemos lo importante que resulta en el terreno de la salud, por leve que resulte el mal, una pronta atención. Baleares es, junto con Madrid y Catalunya, la comunidad autónoma que presenta peores indicadores en Atención Primaria según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Entre los números aportados por el estudio, destaca la sobrecarga de trabajo de los médicos de familia, que deben atender 1.769 pacientes, 424 más que la media estatal. De ellos, uno de cada diez soporta más de dos mil tarjetas sanitarias. Las islas también encabezan el ranking de mayor presión asistencial entre los pediatras y son colistas, junto con Madrid, en las ratios de enfermería. Estos pésimos resultados hermanan a Francina Armengol e Isabel Díaz Ayuso, los dos territorios que menos porcentaje del gasto sanitario dedican a la primera atención, la más pobre de la red de salud.

La desesperación de los sanitarios baleares ante la deficiente dotación de la Atención Primaria la hemos visto en las reiteradas concentraciones de profesionales y pacientes ante centros de salud. Médicos que no dan a basto y ciudadanos hartos de esperar su cita. Siempre que se aborda la cuestión los gestores se remontan al deficitario traspaso de las competencias sanitarias que sufrió Baleares en diciembre de 2001. Hecho cierto, pero han pasado 21 años y se han sucedido varios ejecutivos centrales y autonómicos, y la situación no se ha revertido en la medida esperada. La crisis financiera de 2008 empeoró las cosas y se tradujo en un adelgazamiento drástico de los servicios públicos al priorizarse la devolución de la deuda a cualquier otra consideración. Bajo ese mismo predicamento, José Ramón Bauzá clausuró servicios, despidió a miles de funcionarios, muchos de ellos sanitarios, e incluso intentó cerrar el Hospital General y el Juan March. Parte de aquel destrozo se ha podido subsanar con ampliaciones de plantillas e importantes inversiones en nuevos equipamientos, algunos con dilaciones indebidas por procesos de licitación que ha anulado la justicia al haber dejado de lado a las pequeñas y medianas empresas. Los centros de salud ya padecían, pero la pandemia los ha sobresaturado. Cargas inasumibles para los profesionales y demasiado teléfono para los pacientes. Desde el IB-Salut se ha puesto en marcha un plan de choque para recortar las listas de espera y se ha anunciado un plan a cuatro años de 48 millones en Atención Primaria que ayudará a solventar algunos de los problemas reseñados. Baleares, como el resto de España, padece una infradotación de la sanidad pública que hay que subsanar. Nos va la vida en ello.