El último informe del Consejo de Europa aparecido hace unos días sobre la corrupción política e institucional ha puesto en evidencia, una vez más, al gobierno español. El informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), en el que formalmente está España, concluye que nuestro país no ha cumplido ninguna de las 19 recomendaciones contenidas en el informe anterior. Las recomendaciones de este Organismo afectan a áreas relativas a altos cargos, fuerzas de seguridad, exceso de asesores, falta de información sobre las relaciones de miembros de los gobiernos, visitas de terceros a departamentos de la administración, reuniones de altos cargos con intermediarios, sobre grupos de presión, el problema de las «puertas giratorias», reducción de aforamientos, trasparencia en general, etc... O sea que volvemos a suspender en la lucha contra la corrupción y en algún epígrafe de forma escandalosa. En consecuencia, España vuelve a destacar en Europa en temas de corrupción política y sigue sin cumplir ninguna de las recomendaciones que la Unión Europea propone en esta materia. Todo ello a pesar de haber suscrito, España, el acuerdo y pertenecer a grupo.
Sánchez en sus primeros meses de mandato como presidente del Gobierno aumentó, en Moncloa, según el susodicho informe, el gasto en asesores hasta 52 millones de euros. Cabría preguntarse si queda algún postulante sin su correspondiente colocación o dicho de otra manera si queda algún amigo o miembro del partido al margen de las nóminas públicas. También deberemos hacer una reflexión, ¿es esta la mejor forma de recortar gasto público? Y todo ello estando y constando que España está, como estamos, endeudados hasta las cejas y con un déficit publico alarmante.
España tiene un problema serio, ningún partido cuando llega al Gobierno es capaz de evitar la tentación de ser espléndido con sus afines a base de usar el dinero público. El amigo que hace la pelota, que adula al jefe, acaba siendo colocado en alguna administración pública, cuya nómina pagamos todos con nuestros impuestos, mejor dicho, con nuestro esfuerzo y nuestros ahorros. Así es fácil ser generoso, complaciente, «buen político» y conseguir adictos votantes. Si son tan necesarios los asesores para gobernar bien, el político con cargo debería contratar a sus asesores cargando su nómina a su sueldo. Si algún día esto se hiciese así, se vería una reducción drástica de asesores, personajes que en general carecen de contenido y preparación, de lo contrario habrían encontrado colocación en el sector privado. Se pondría en evidencia que los miles de asesores, en término generales, eran innecesarios.
Mientras los desequilibrios de la economía se han incrementado con la guerra de Ucrania, -los problemas de suministros, el elevado precio de la energía…-, el gobierno de Sánchez lo complica más con un decreto intervencionista, que va contra la libertad de empresa, pretende limitar los beneficios empresariales, prohíbe el despido, prohíbe la revalorización de los alquileres y pone topes a los precios de la energía con subvenciones, con cargo al presupuesto, incrementando, así, el gasto público. Son medidas demagógicas e inflacionistas que no resolverán la gravedad de la situación, son absurdas y peligrosas, atenazarían la economía con un intervencionismo atroz que empobrecerá el país, creará desconfianza entre posibles inversores, por la inseguridad jurídica que implican. Este no parece el camino a seguir. Joaquín Bosch, magistrado, ha publicado un libro, La patria en la cartera, en el que sostiene que, «Sin corrupción, España tendría una renta per cápita superior a la media europea».
