Hace escasamente un mes, el estado de ánimo de la ciudadanía mostraba cierto optimismo, aunque con incertidumbres, porque después de múltiples confinamientos y restricciones la vacuna mostraba su eficacia en la lucha contra la epidemia, que había afectado a nuestra convivencia en el ámbito personal, sanitario, político, social y económico. Pero el castillo de naipes se nos ha caído. Un carrusel de tres crisis encadenadas (la crisis financiera del 2008, la pandemia y la guerra de Ucrania) nos han dejado una ciudadanía exhausta, que empieza a mostrar a las claras su malestar.
La crisis de 2008 nos condujo a un «abandono» de los servicios públicos básicos (educación, sanidad, servicios sociales...), y a un desmantelamiento de las clases medias. Desaparece la igualdad de oportunidades; las posibilidades de ascenso personal, familiar, socioeconómico… La pandemia, con sus confinamientos y restricciones provocó inquietud, desorientación y malestar, pero fue dominada por las vacunas, aunque no pocos la consideran viva y coleando. El malestar, intensivo e intensivo, se concreta y visualiza en la casi repentina subidas de la factura de la luz y de productos alimenticios básicos.
La invasión militar de Ucrania por parte de Rusia, dirigida por W. Putin y sus ejércitos, que parecía un paseo militar, se ha convertido en una autentica sangría de personas y de bienes, con repercusiones políticas, sociales y económicas de ámbito global. La ONU se mueve; la UE se ocupa y preocupa; la OTAN sobreactúa; el FMI y los bancos centrales muestran sus inquietudes; las Bolsas suben/bajan; las multinacionales se «desplazan». Más de cuatro millones de ciudadanos/as de Ucrania están huyendo de su casa, de sus familiares, de sus entornos.
La guerra de Ucraina confirma la tendencia de inflación añadiendo dos factores básicos: el aumento de precio de los productos relacionados con los productos energéticos y de los combustibles. Tal invasión militar a Ucrania ha sacudido los intereses energéticos globales. EE UU y de Reino Unido deciden «suspender» la importación de Rusia, y Europa enfoca también su atención ante la posibilidad de acudir a otro socio energético y gasístico sustitutivo.
El malestar se «socializa». En las últimas fechas se han producido paros y grandes manifestaciones en sectores productivos fundamentales en los que cunde el desánimo y la rabia por nuevas contrariedades cuando parecía que íbamos a dar, si no por cerrada, al menos por encarrilada la última crisis. En la reciente manifestación del mundo rural en Madrid, algunos parecen querer emular al movimiento francés de los chalecos amarillos.
La pronunciada inflación (el combustible, la energía, los alimentos, el agua, etcétera) puede llevar a pique los logros y esfuerzos del Gobierno español y puede también posibilitar a la derecha y la extrema derecha capitalizar el descontento e instrumentalizar la crisis. Este escenario es frustrante para el Gobierno, que estaba haciendo un esfuerzo considerable para salir de la crisis de forma diferente a 2008. Ahora es duro asumir el malestar de la ciudadanía. Es una situación complicada.
El pleno del Parlamento del pasado jueves, 30 de abril, debatió diversas y múltiples medidas incluidas en el Plan de Choque contra los Efectos de la Guerra que supondrá un total de 16.000 millones de euros hasta el próximo 30 de junio. El plan de choque para paliar los efectos de la guerra tiene cinco grandes ejes: 1º medidas para de apoyo a familias, trabajadores y refugiados; 2º medidas para apoyar el tejido económico; 3º en materia de transportes; 4º de ciberseguridad; y 5º en materia de energía, para abaratar el precio final de la electricidad a hogares y empresas.
Un triunfo parcial de Pedro Sánchez en Europa, pero triunfo al fin y al cabo. Un éxito que no se le puede regatear. De común acuerdo con el primer ministro portugués Antonio Costa, el presidente del Gobierno español ha conseguido de la UE que la península Ibérica sea considerada una excepción a efectos de la regulación del precio de la electricidad. Una excepción temporal. Durante un periodo de tiempo, mientras la guerra de Ucrania altere los precios de la energía, España y Portugal podrán fijar un límite al precio del gas que consumen las centrales de ciclo combinado para la producción de electricidad. Objetivo: poder rebajar el precio de la luz en ambos países sin modificar el sistema tarifario a escala europea. Parece que su propuesta será de 30 euros MWH de gas, cuando ahora su coste es de 200 euros.
El debate fue duro, pero menos agresivo que en los tiempos de Casado. El Gobierno pide unidad al tratarse de una cuestión de Estado que afecta el presente y futuro de toda la ciudadanía. La oposición, básicamente el PP, basa su discurso en la tardanza y retraso de las propuestas; además su contenido no incluye un elemento básico, la bajada de impuestos. La respuesta de los socialista es : «El PP cuando gana unas elecciones pierde la memoria y sube los impuestos». Queda por ver el resultado final. Dícese que la esperanza es lo último que se pierde.
Dejo para una próxima colaboración una reflexión sobre «El malestar social en Balears, Causas y Consecuencias».
