El mundo lleva muchos años intentando establecer reglas que limiten la barbarie de la guerra, si es que tal cosa pudiera existir. La piedra angular del derecho internacional humanitario son los Convenios o Convenciones de Ginebra, normas que teóricamente protegen a las personas que no participan en el conflicto (sanitarios, prensa) o a los que ya no pueden seguir combatiendo (heridos, enfermos, prisioneros). Hay cuatro convenios y varios protocolos; el primero se firmó en Ginebra en 1864, con la intención de lograr un pequeño espacio de acuerdo universal sobre derechos en tiempos de guerra. Hasta el momento casi 200 países lo han ratificado. Sin embargo, la realidad analógica sobre la que se construyeron sus supuestos ha evolucionado radicalmente y aparecen nuevos elementos que deben considerarse.
Hace cinco años, Microsoft y el World Economic Forum plantearon la necesidad de actualizar la Convención de Ginebra para incorporar la protección de los civiles frente a los ciberataques. Desde entonces, diferentes actores han pedido incorporar la ciberguerra a este marco internacional. Es probable que no hubiéramos reparado en que, a diferencia de la física, la guerra digital no conoce limitaciones ni contempla repercusiones frente a determinadas acciones. Por desgracia, la necesidad de actualizar los marcos internacionales en el campo de batalla cada vez es más urgente y también más amplia que lo relativo únicamente a la ciberseguridad. La reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia ha demostrado que las cosas han cambiado. Con una cobertura sin precedentes a través de las redes sociales, una batalla económica por el control tecnológico y un nivel de manipulación mediante desinformación jamás visto, queda claro que la complejidad ha aumentado exponencialmente.
La realidad es que no sabemos cómo ha de usarse la tecnología en contextos humanitarios para garantizar las salvaguardas adecuadas contra el daño involuntario a las poblaciones afectadas. Tampoco cómo ha de manejarse la cobertura desde la perspectiva periodística en relación con los datos personales o las imágenes. La identificación de las víctimas o de los prisioneros mediante reconocimiento facial es otro de los dilemas. En esta guerra estamos viendo muchas cosas que no estaban previstas: hay hasta una web con fotos de soldados. ¿Qué es lo correcto? En muchos casos, y sin intención, se está exponiendo involuntariamente a las poblaciones vulnerables a nuevas amenazas o se están vulnerando sus derechos digitales.
Es necesario reducir los riesgos y que los principios humanitarios no se vean comprometidos al llevar a cabo actividades de información. Sin reglas no protegemos, y los que más sufren son los de siempre, los más débiles. La digitalización supone una llamada a la acción permanente de actualización de los marcos y normas que nos rigen. Cada día es más evidente que debemos mejorar nuestro marco de convivencia de acuerdo con las realidades del siglo XXI.
