La inflación, el impuesto a los pobres, ha alcanzado el 9,8% en tasa interanual. Sánchez afirmó el pasado miércoles en el Congreso que la terrorífica cifra era consecuencia directa de la guerra de Ucrania, de la guerra de Putin. Es otra mentira. La inflación a finales de diciembre ya era del 6,5%. Es decir, la guerra la ha incrementado, pero en sus dos terceras partes no la ha provocado. La inflación de los precios de la energía en marzo, un 3%, uno de los datos más negativos en la historia económica española, sí es achacable directamente a la guerra, pues contribuye casi con el 75% a la subida del IPC de ese mes. Lo verdaderamente preocupante es que el incremento de precios subyacente, descontando la energía y alimentos frescos, se sitúa por encima del 2%, objetivo del BCE para el año 2022. En efecto, el incremento de 3 décimas en marzo del IPC subyacente lo coloca en el 3,4% que es la subida máxima desde 2008 en plena cima de la burbuja inmobiliaria.
El camuflaje de la verdadera y más importante razón de una cifra inflacionaria cercana a los dos dígitos, como no se veía desde hace más de cuarenta años, responde a la perenne estrategia del presidente del Gobierno de atribuir las dificultades del país a factores ajenos a sus propias responsabilidades. Es una estrategia paralela a la escenificada cuando de lo que se trata es de justificar el incumplimiento de sus promesas o las contradicciones en que incurre en brevísimos espacios de tiempo. Así ha sido con sus promesas reiteradas de no coaligarse con el populismo de Unidas Podemos, con la enfática y repetida promesa de derogación de la reforma laboral de Rajoy, el descarte del envío de armas a Ucrania o la carta traducida del francés que alguien le escribió y de la que nos enteramos por el rey de Marruecos. A veces la excusa es que al cambiar las circunstancias hay que adaptarse; otras, no hay excusa, se niega la mayor, y se afirma, contra toda evidencia, que se cumple con lo prometido; con las armas a Ucrania, se había evolucionado en 36 horas al ritmo de la guerra, ocultando el rapapolvo de la Comisión Europea; respecto a Marruecos, después de que Albares sufriera un lapsus afirmando que había habido un cambio de posición, lo negó, señalando una «profundización» y asegurando garantías sobre Ceuta, Melilla y Canarias que ni figuran en la carta ni han sido avaladas por nuestro vecino del sur, agarrándose a la falsedad de que la vía de la autonomía del Sáhara era la del PSOE desde Zapatero. Argelia, nuestro principal proveedor de gas, que no fue informada de la carta, en contra de la versión de Albares, ya ha suspendido la repatriación de inmigrantes irregulares y los vuelos de Iberia.
El Gobierno realiza ese camuflaje a través del mismo instrumento del que se vale el Gran Hermano del 1984 de Orwell, el lenguaje. El Gobierno y Sánchez apelan de forma continuada a tópicos o a falsedades para escabullirse de la realidad. Así, se jacta de que España es una democracia plena cuando instituciones internacionales cuestionan su funcionamiento. Se llenan la boca con la palabra democracia cuando es el Gobierno que más ha despreciado el parlamento, gobernando por decreto-ley y siendo condenado por dos veces por el Tribunal Constitucional con motivo del estado de alarma; también con la sedicente reforma laboral; ahora con el Plan de choque, presentado ante el Ibex y la prensa antes que al Congreso. Vulneran la separación de poderes mediante la dependencia de la fiscal general del Estado. Han creado una polarización política con la que han conseguido menguar al PP al precio de aupar a Vox, que prosigue su escalada en la intención de voto. Su desmesura descalificatoria con los colectivos críticos con su gestión ha llegado hasta el extremo de calificar a los camioneros autónomos en huelga como «la ultraderecha» o como «aliados de Putin en la guerra de Ucrania». Al final, como en el chiste de Chumy Chúmez, en el que un autócrata se dirige a la multitud para que escoja entre él y el caos, y la gente grita «el caos, el caos», pueden estar tan banalizadas las descalificaciones del ejecutivo por el contraste entre ellas y la realidad, que muchos electores opten por otras visiones de la misma. De hecho, las últimas encuestas rebajan las expectativas del PSOE al tiempo que refuerzan las del PP y Vox.
El Plan de choque del Gobierno, tardío, subvención de 15 céntimos y 5 asumidos por las petroleras e incremento del ingreso vital mínimo, no contempla rebajar el IVA de los combustibles ni rebajar el IVA al 4% en suministros básicos. Con lo que los ingresos de los impuestos sobre los carburantes suben al no deflactarlos con la inflación en una cantidad superior a la subvención (las gasolineras no saben a fecha del miércoles cómo afrontarlas). Puesto que las ayudas sectoriales no están dirigidas al estímulo de la actividad y a crear empleo, sino a compensar pérdidas, es obvio que el gasto que se suma al presupuesto, con cargo a déficit y, por tanto, a deuda, alimenta aún más la inflación. La receta alemana es reducir el consumo de energía. Aquí, con estas medidas, lo fomentamos. El recurso de bajar los ingresos por impuestos (IVA) y, paralelamente, reducir gastos, como los 20.000 millones para igualdad y otros como la subvención a los que cumplen dieciocho años, sí podría reducir la inflación. Pero, ¡ay!, estos gastos están previstos para afrontar los próximos escenarios electorales.
Un Gobierno que merezca ese nombre no puede gobernar por decreto y, después, reclamar unidad a la oposición, «sin rencillas ni sectarismo», pretendiendo ligar sus propuestas con su interés electoral, precisamente su sectarismo. Es al revés, sentándose con el resto de grupos parlamentarios y construyendo la unidad en interés del país. Estamos acostumbrados a una estrategia autocrática, la de Sánchez, que, hasta el momento, le ha funcionado para mantenerse en el poder, otra cosa es que haya sido buena para España. Ahora, tras desoír a la C.E. y ligar por, interés electoral, las pensiones con el IPC, se apresta a desnaturalizar sus propios actos, porque multiplicarían una inflación asfixiante. El país lo forman otros colectivos más numerosos que funcionarios y pensionistas. Se lo han recordado los camioneros autónomos. Quizá se lo recuerden los electores en las próximas elecciones.
