La escalada de la inflación y la espiral alcista del precio de la energía, agravada por la guerra en Ucrania, lastra la recuperación económica y genera gran descontento social. Muchos hogares y hasta la universidad se han visto obligados a cortar la calefacción por no poder hacer frente a la factura en pleno invierno. Unos 150 camioneros llegaron a la colapsar las entradas a Palma con sus marchas lentas como protesta al encarecimiento de los carburantes, mientras los piquetes de sus colegas en la península impedían el embarque de mercancías a las islas. Ya empiezan a notarse la falta y la escasez de determinados productos, agravada también por la fiebre del acopio que generan estas situaciones ante el miedo al desabastecimiento. El campo sigue clamando contra la asfixia económica que padece por el incremento de los costes y los bajos precios de su producción. La flota pesquera española, también la balear, quedará amarrada los próximos 21, 22 y 23 de marzo porque faenan a pérdidas. En definitiva, un polvorín que recuerda los tiempos de los chalecos amarillos franceses y que puede explosionar si no se arbitran medidas urgentes que apacigüen el malestar.

Para contener la alarma social, el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que bajará el precio de la gasolina, la luz y el gas antes de final de mes, o sea, en diez días, que pueden parecer eternos a los que ya no pueden más. En ese plazo, pretende que Europa apruebe una profunda reforma del mercado energético que tope los precios máximos, como se hizo en el pasado, y desacople el precio del gas y de la electricidad que tantos beneficios ha procurado a las eléctricas con facturaciones inasumibles para empresas y familias que todavía arrastran el impacto pandémico. Por otro lado, el presidente promete nuevas bajadas de impuestos, que no acaba de concretar para impaciencia de muchos, que no entienden porqué no se reducen tributos, se dan ayudas directas o se topa el precio de la gasolina, como ha hecho otros países del entorno sin esperar a las decisiones del Consejo Europeo.

Pese a la gravedad de la situación, Vox pinchó ayer en su intento de capitalizar el descontento social con concentraciones bajo el lema «Hay que echarlos» que en Palma secundaron quinientos asistentes, para alivio de los sindicatos que han convocado otra protesta el miércoles, en un intento de visibilizar el drama de muchas familias y evitar que su hartazgo se canalice a través de la ultraderecha. El conflicto puede recrudecerse si no se arbitran soluciones por difícil y complejo que sea el escenario, que lo es. De nada servirán las ayudas directas o la bajada de impuestos para sortear la coyuntura, si no se sientan además las bases del tránsito hacia una mayor soberanía alimentaria y energética, una transformación que exige una Europa audaz, un gobierno valiente y una oposición constructiva, alejada de la demagogia fácil del «se están forrando».