En la carta que el rey Juan Carlos I remitió hace unos días a su hijo y actual monarca de España la única duda que quedó resuelta es que va a vivir la mayor parte de su tiempo en Abu Dabi salvo visitas esporádicas a España, donde residirá en una residencia privada, para «visitar a la familia y amigos». Poco más se explica en su contenido salvo una breve referencia a sus problemas con la Justicia y la Hacienda española que llenan los medios de comunicación desde hace años.
La renuncia de la Fiscalía del Tribunal Supremo, dictando dos decretos de archivo, a querellarse contra Juan Carlos I por varios posibles delitos da por terminadas las investigaciones judiciales contra el rey emérito dejándole vía libre a un posible regreso a España, aunque sea de manera temporal. Como era de esperar, los habituales cortesanos y defensores a ultranza de una institución totalmente caduca en la Europa del siglo XXI han saltado a los medios de comunicación reivindicando la figura de Juan Carlos I como si el archivo de la causa por razones sobrevenidas hubiera hecho desaparecer los motivos de su procesamiento, que siguen siendo tan reales como los millones de euros que andan dispersos por cuentas y paraísos fiscales de medio mundo. La Fiscalía asume que los delitos fiscales, blanqueo de capitales o cohecho quedan en agua de borrajas porque o bien fueron cometidos durante los años de su mandato real, es decir, amparados por su inviolabilidad, o por la regularización fiscal que hizo de manera sorpresiva al comienzo de la investigación de Hacienda.
En la Justicia española es muy habitual que corruptos y defraudadores de toda clase se libren de la cárcel y de las multas gracias a la prescripción de los delitos o por la anulación de escuchas telefónicas donde se demuestra a las claras contubernios entre constructores y políticos para quedarse con el dinero de los ciudadanos. Pero también es un clásico que determinados políticos y cronistas de los medios de comunicación reivindiquen con desfachatez y sin complejos la honorabilidad de los procesados por corrupción o por no pagar a la Hacienda pública, es decir, por robar a los españoles, cuando se producen absoluciones o renuncias a seguir investigando por fiscales o jueces a pesar de que en los procesos judiciales al mismo tiempo que se les exonera queda demostrado la comisión o participación en delitos de toda clase.
Ya sabemos que gracias a Juan Carlos I el franquismo aceptó la llegada de la democracia a España. El precio a pagar, por lo que se ha ido conociendo, fue muy alto. No hablar de los asesinados y torturados en comisarías de policía y cuarteles de la Guardia Civil de todo el país; no hablar de las cunetas llenas de cadáveres que se extienden por toda España; amnistía para todos lo malnacidos que torturaban a los que habían defendido la legalidad democrática de la República o que violaban a mujeres en los locales de Falange. Ni tampoco, por lo que se ve, se puede hablar de las decenas de millones de euros que el rey emérito tiene desperdigados por medio mundo. La respuesta del presidente Pedro Sánchez a la breve misiva del Juan Carlos I subrayando lo decepcionante, por vacía de explicaciones, del contenido de las explicaciones, resume el sentir de los españoles, sean proclives o no a la Monarquía, ya que seguimos sin saber el origen del dinero y la razón por la que se lo dieron. Todo ello queda subrayado de manera grotesca por los 65 millones de euros que sin saber por qué el rey emérito entregó a su expareja y que ahora la muy cuca se niega a devolver.
Si el precio, repito, que los españoles tuvimos que pagar por el regreso de la democracia a España tras el golpe de estado de 1936 fue además de un pacto obligado de olvido tener un Jefe de Estado que se hizo millonario a espaldas de las instituciones del Estado sin conocer los motivos por lo que recibió todas aquellas cantidades durante varias décadas, significa que la democracia española tiene en sus orígenes profundas lagunas por resolver. Como era de esperar han surgido los habituales Ayatolas del Derecho, los próceres de la Justicia y los excelsos sabios del mundo universitario exigiendo el silencio a todo aquel que pretenda valorar el hecho de que la justicia española renuncie a procesar al anterior rey o como mínimo aclarar hasta el último detalle el origen del dinero que tenía y tiene guardado y el motivo de que se lo entregaran. Los ciudadanos tenemos el derecho de exigir de las instituciones que se investigue y que se aclaren todos los aspectos relacionados con la fortuna de Juan Carlos I, fortuna que por lo que se ve disfrutarán sus hijas y sus nietos viviendo vidas de lujo y gastando el dinero acumulado en hortera ropa de lujo y viajes a paraísos exclusivos.
Por mucho que moleste a los defensores del Antiguo Régimen los españoles vamos a seguir preguntando y exigiendo explicaciones sobre el comportamiento de todos los componentes de la familia del rey Felipe VI.
