Baleares ha conseguido esta semana poner fin a una carencia histórica, pero no de la manera esperada. El Parlament ha aprobado, con el apoyo de los partidos del Pacto y El Pi, la primera ley de Educación propia de las islas, 24 años después de que el Estado le traspasara la gestión de las enseñanzas de Primaria y Secundaria. De hecho, fue la primera comunidad de ‘vía lenta’ (las que accedieron al Estatuto de Autonomía por el artículo 43 que retardaba la asunción de competencias) que lo logró. Tanta espera y tantas horas de concienzuda negociación política y social han alumbrado un texto pionero, pero no han fructificado en el deseable consenso que debe acompañar a un asunto tan trascendental y vertebrador de una sociedad como es la educación. El atrincheramiento en la ideología y en los símbolos identitarios de bandos confrontados y la búsqueda de réditos electorales han podido con la amplitud de miras y la plasticidad que requieren las aulas para adecuarlas a los retos transformadores de los nuevos tiempos, que van mucho más allá de las lenguas.

El conseller Martí March confiaba en un apoyo mayor por los acuerdos alcanzados durante la tramitación con el sector y la oposición, especialmente con el PP, al que se le aceptaron 80 enmiendas. El tono constructivo de las comisiones de trabajo saltó por los aires en la recta final al excluir del texto que se elevó al Parlament la mención explícita a la condición de lengua vehicular también del castellano, reconocida por otra parte por la doctrina del Tribunal Constitucional. March, que admite «errores en las formas», cedió in extremis a la presión de sus socios de Més y de colectivos sociales, y los populares, molestos por «la traición» y prisioneros del aliento de Vox, acabaron renegando del modelo que ellos mismos propiciaron con la Ley de Normalización Lingüística y el Decreto de Mínimos que fija un mínimo del 50% de la enseñanza en catalán. El resultado, una Ley que aviva el conflicto lingüístico y que lamentablemente se acabará dirimiendo en la Justicia de la mano de Vox.

Los agentes sociales se declaran insatisfechos por la falta de ambición del nuevo marco que fija para la educación el 5% del PIB, frente al 7% reclamado, y que rebaja de las ratios en un 10% frente al 20% reivindicado, entre otros aspectos. Aunque admiten avances, siguen detectando carencias en la autonomía de los centros y en la posición de los docentes para adecuarse a la diversidad de entornos donde operan. Frente al reproche de «oportunidad perdida», March apela a la realidad económica y a las posibilidades de desarrollo futuro que abre la nueva ley, donde se fijan mínimos ampliables y modulables. Tenemos ley, pero queda la sensación de que seguimos sin asentar un modelo perdurable en el tiempo.