Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Emilia Sanchez

360 grados

Emilia Sánchez

Tolerancia con la corrupción

¿Por qué en un país donde la corrupción no se tolera en otros ámbitos se permite en la política?

Sigo sorprendiéndome por la relación que tenemos en este país con la corrupción. Tenemos una percepción muy alta de la corrupción, aunque, sin embargo, según los estudios sobre el tema, la corrupción en España no está muy extendida. Se circunscribe a un ámbito muy concreto. El de la política. En España no sirven las mordidas para evitar una multa de tráfico, no llevamos un pavo al médico para que nos trate bien, ni nos es muy útil tener un amigo que conoce al juez para tener mejores perspectivas en un juicio. La corrupción no se extiende como una mancha de aceite. En España, la corrupción se concentra en la política.

La corrupción política está tan asumida que, en algunos sectores, se da por descontada. Se lo digo yo, que soy de Castellón y he visto ganar elecciones a Carlos Fabra una y otra vez, sin verse afectado por todas las sombras que le rodeaban porque, a muchos de mis conciudadanos, les parecía bien «que nos roben los nuestros». A la gente, en general, le cuesta quitarse de los corruptos. Porque nadie quiere verse a sí mismo como mala persona. Si uno lleva años votando una opción y empezó a votarla pensando que era buena, que era la mejor, las noticias sobre corrupción de esa opción las decodificará como un ataque. Le atacan porque le odian, le atacan porque le tienen miedo, quieren hacerle daño porque le envidian… son justificaciones habituales del todo lógicas. Porque nadie se dice a sí mismo a la primera de cambio, me equivoqué, soy tonto, he elegido mal y aupado a un corrupto. Esta no es nuestra primera tentación, sino que todos tendemos a justificar nuestra decisión, no tanto por ver a ese líder como buena persona, sino por no vernos a nosotros en el fracaso. Y no lo hacemos de mala fe, sino porque las contradicciones no las llevamos bien. Nuestro inconsciente lo hace de buena fe. Van a por él o ella, todos son iguales, etcétera. No los salvamos a ellos sino a nosotros mismos por haber elegido mal.

Esto lo sabe muy bien Ayuso cuando, ante la acusación de haber facilitado contratos a su hermano, apela a la familia. Esto ya le funcionó con el tema de su padre y AvalMadrid y le ha vuelto a funcionar ahora. Porque quien quiere creerla necesitaba esa pasarela para acompañarla, esa tabla de salvación. Y ella se la dio. Me atacan los míos (léase me tienen envidia, yo gano elecciones y ellos no, o cualquier otra explicación) y lo hacen de la peor manera yendo a por mi familia. Ante la estupefacción de quienes no la votan y no pueden creer que le vaya a funcionar, el mecanismo psicológico funciona. Y si se puede reforzar el victimismo, haciéndolo personal, funciona aún mejor. Me han espiado, vaya felón. Ya tenemos una víctima y un villano.

Todo esto podría ser divertido de observar si no fuese por lo dramático del tema. Aquí hablamos de contratos a dedo con sobrecostes y hablamos de la utilización del ayuntamiento de Madrid para supuestas actividades de espionaje en cuitas internas del partido.

¿Por qué en un país donde la corrupción no se tolera en otros ámbitos se permite en la política? Porque no nos tomamos en serio la lucha contra la corrupción. Las últimas cifras decían que la corrupción nos cuesta en España alrededor de 90.000 millones de euros al año. Es una barbaridad. Casi 2.000 euros por habitante. Pero seguimos sin tener una autoridad independiente de lucha contra la corrupción. La Unión Europea acaba de abrirnos un expediente por no hacer la transposición de la directiva anticorrupción 2019/1937, porque nos dieron dos años para aplicar esta norma y no lo hemos hecho. Dejadez, desidia, falta de voluntad política o un poco de todo, pero seguimos sin ley anticorrupción.

En el ranking europeo de Transparencia Internacional estamos a la cola, tenemos el puesto 25 de 27 países. En el ranking mundial de la misma organización hemos perdido dos puestos en un año, pasando del 32 al 34, porque en el examen hemos sacado un 6. No somos de los mejores en combatir la corrupción. No tenemos peor nota porque no se extiende a otros ámbitos, pero suspendemos en corrupción política.

No tener esta norma que proteja a los alertadores de corrupción o whistleblowers -chivatos- como lo llaman en Europa, significa que la única forma de denunciar la corrupción en España es ir a un juzgado, exponerse, perder el anonimato y jugársela. Si tuviésemos una autoridad anticorrupción independiente, como la que existe ya en la Comunidad Valenciana, quien quisiese alertar por un caso de corrupción, sea una ciudadana o un funcionario público, podría hacerlo anónimamente, con una serie de garantías y protección. Pero parece que en España no hay prisa para aplicar esta norma y, claro, así nos va.

Compartir el artículo

stats