Hasta ahora, frente a la crítica por el funcionamiento de la democracia en España, por la intromisión del gobierno en la esfera propia de los otros poderes, como el legislativo o el judicial, atentando contra el principio de la «separación de poderes», el abuso del decreto-ley, reservado a cuestiones urgentes o de imperiosa necesidad, frente a la actividad legislativa de las Cortes Generales, o las medidas del estado de alarma acordadas durante la pandemia, declaradas anticonstitucionales por el Tribunal Constitucional por vulnerar derechos constitucionales, sin que pase nada, Sánchez se jactaba de la condición de «democracia plena» de España según los índices de todos los análisis internacionales de reconocida solvencia. Pues bien, tras la clasificación de todos los países en relación a su calidad democrática en 2022 realizada por The Economist, España ocupa el puesto 24, que no está tan mal, con una calificación de «democracia deficiente». Algunos, molestos, han atribuido el descenso de España como una muestra de sectarismo del medio británico, cuando analizando la clasificación se puede ver que UK está en el puesto 18; Alemania el 15; Francia el 22; EE UU el 26, ¡detrás de España! Los puestos más altos están ocupados por las democracias nórdicas, Nueva Zelanda, Irlanda, Australia, Suiza, Países Bajos, Canadá.
Emilio Lamo de Espinosa, uno de los intelectuales españoles más reconocidos, decía hace unos días en un medio de comunicación que llevaba esperando la clasificación de España como democracia defectuosa desde hacía mucho tiempo; que su sorpresa es que estuviéramos aguantando entre las democracias plenas muchos años. Para él, el deterioro de la calidad democrática es indiscutible; algo que acreditan los datos del CIS desde 2004, y acelerándose. Todo empezó con Zapatero. Cita los ataques a la justicia, el ninguneo del parlamento, los gobiernos Frankenstein, el desbordamiento constitucional o las leyes de la llamada memoria histórica. Todo eso es algo que algunos venimos denunciando desde hace más de veinte años, cuando alertábamos, eso sí, con escaso éxito, que la democracia española se había convertido en una partitocracia, que, aunque parecía que cumplía formalmente los requisitos de una democracia, en realidad la soberanía residía en los partidos políticos, no en los ciudadanos. Asegura Lamo de Espinosa que, salvo en Cataluña no hay polarización en la sociedad; que la nuestra es una sociedad centrada y moderada, aunque liderada por políticos polarizados. Las opiniones de Lamo de Espinosa no son las de un antisistema de derechas o de izquierdas, el director-fundador del Real Instituto Elcano y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Premio Espasa 2021 por su último libro, Entre águilas y dragones, colaboró con el gobierno de Felipe González y, especialmente con Rubalcaba. Se despachó a gusto dudando de que PSOE, PP, Vox y Podemos respondan a proyectos nacionales; y finalizó con una afirmación que levantará ronchas entre los adalides de la corrección política imperante: «Es menos desestabilizador un gobierno PP-Vox que el actual». Todo un misil contra los partidarios del cordón sanitario aislando a Vox para la conformación del gobierno de Castilla y León. Ni hablemos para un gobierno del Estado.
Habrá que recordar a través de qué circunstancias se ha llegado a unos resultados como los de las elecciones del domingo en Castilla y León, con la derrota del PSOE y con la victoria insuficiente del PP para poder formar gobierno por sí mismo, dependiendo, bien de la abstención del PSOE, bien del pacto con Vox. El PSOE condiciona su abstención a la ruptura de todos los pactos del PP con Vox actuales y futuros. No se corresponde con la propuesta de los alcaldes de Valladolid y León, ambos del PSOE, sino con la pretensión del secretario general del PSOE de seguir ostentando el poder al tener al PP atado de manos con el argumento del pacto con la llamada extrema derecha. El PSOE puede pactar con independistas golpistas, exetarras nacionalistas, y comunistas, que abominan de la Constitución, a la que han prestado fórmulas extravagantes de juramento condicionado a república o independencia, la extrema izquierda. El argumento omnipresente es la ausencia de pactos con la extrema derecha en Europa, olvidando que en la misma no existe ningún pacto con la extrema izquierda.
Cuando estalló, a partir de 2012, la deriva de los nacionalistas catalanes que culminó en los acontecimientos golpistas de setiembre y octubre de 2017, ya advertimos algunos que esta acción concertada entre el nacionalismo y la izquierda en Cataluña provocaría, entre otras reacciones, el renacimiento del nacionalismo español y el fortalecimiento de la derecha del PP y de Rajoy. Pero nos equivocamos en este segundo pronóstico. No podíamos prever, nos parecía inconcebible la inacción y la indolencia de Rajoy. Pero hay un dicho que es una constante en la política: huye del vacío. Fue la incapacidad de partido popular y sus dirigentes para neutralizar la actuación disolvente del nacionalismo y la izquierda en Cataluña lo que hizo despegar a Vox. A esa acción en Cataluña, se le sumaron la moción de censura contra Rajoy, protagonizada por Sánchez y construida por Podemos aunando, entre otros, a ERC y EH Bildu; y la formación del gobierno de coalición tras las elecciones de 2019, que se refrendó tras el pacto postelectoral con Unidas Podemos y la abstención de ERC. Fueron, por tanto, el golpismo nacionalista, la parálisis del PP y la ambición de poder sin escrúpulos de Sánchez los que dispararon la reacción: el respaldo electoral de Vox, la polarización política y la explosión del centro de Ciudadanos. La degradación política alcanzó un culmen insuperable con el espectáculo lamentable de la votación de la reforma laboral. Es absurda la idea de que casi cuatro millones de españoles que votan a Vox sean ultraderechistas y fascistas. En su inmensa mayoría son antiguos votantes del PP. Lo surrealista de la situación es que quienes, además de los comunistas e independentistas, los socialistas, han provocado el surgimiento de Vox, reclamen a otros, el PP, un cordón sanitario contra Vox.
